El organismo electoral decidió que los habitantes de esa ciudad del sur del país acudan a las urnas el 24 de junio de 2018 para decidir si su burgomaestre debe continuar en el cargo. La decisión se tomó luego de la validación del CNE de 27.700 firmas recogidas en la ciudad.
La iniciativa la lideró el ciudadano Segundo Armijos, dirigente vinculado a la Unión Provincial de Cooperativas de Taxis de Loja. Según Armijos, el «Chato» persigue a los choferes con multas elevadas y afirma que el alcalde no estaría cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales.
Incluso, aseguró que Castillo aprobó resoluciones que dieron pasos a fotomultas en la ciudad sin la aprobación del Concejo Cantonal. El burgomaestre, en anteriores ocasiones, ha manifestado que no le preocupa el proceso de revocatoria. Hasta el momento no hay una declaración oficial del alcalde tras la decisión del CNE.
El requisito de legitimidad ciudadana está determinada en el artículo 26 literal de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en concordancia con el artículo 17 de la Codificación del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia directa, a través de la iniciativa popular.
La revocatoria del mandato se relaciona, en este caso, con el cumplimiento de por lo menos el 12,5% de respaldo de los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el registro electoral utilizado en el último proceso electoral de las inscripción a la que pertenece la autoridad cuestionada.
Las dos últimas elecciones pluripersonales celebradas en la ciudad de Loja tuvieron a 175.726 electores, por lo que se necesitaban 21.000 firmas y los peticionarios presentaron 27.700 que fueron validadas. La presidenta del organismo, Nubia Villacís, indicó que notificarán la resolución la tarde de este martes 17 de abril de manera que el proceso se efectúe en los próximos 45 días.
Fuente: El Telégrafo
