Ernst señaló que la intervención de las autoridades del Estado, como el procurador Juan Carlos Larrea o la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, no correspondió a la realidad y fue por ello que los comisionados cuestionaron la información ofrecida. «Nos ha dado pena, porque Ecuador no ha dado la talla para responder a todas las preguntas», lamentó.
Alertó que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos «está en riesgo» de desaparecer y pasar a ser el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, «algo que es absolutamente incompatible», dijo. A su criterio, eso significaría un retroceso en los derechos de las mujeres, por lo que eso se expuso en el informe de la sociedad civil que fue enviado a Ginebra para el análisis y contraste de los comisionados.
Si bien reconoció que en el país sí existen políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia contra las mujeres, sin embargo, consideró que son insuficientes pues «no se cumplen» y eso fue lo que observó la Comisión de la ONU. En este sentido, hizo un llamado a la «voluntad política» para que los mecanismos implementados se ejecuten, con el recurso económico y humano suficiente.
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