El debate de las defensa de los Derechos Humanos ha crecido en las últimas semanas en el Ecuador; debido a que se han presentado hitos y crisis que han puesto sobre la mesa puntos de vista diferentes sobre este tema.
Por un lado, la Corte Constitucional resolvió dar paso al matrimonio igualitario en defensa del principio de igualdad y no discriminación que defiende la Constitución.
Por este motivo, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, aseguró que, desde esta institución, se promoverá siempre la progresividad irreversible de los derechos de las minorías.
«Sobre la base de los Derechos Humanos, siempre se va a reconocer los derechos de las minorías de manera progresiva. La Corte Constitucional a fallado a favor del derecho a la libertad de elección, amparado en la Constitución», afirmó Carrión.
.@freddcarrion: «En la diversidad tenemos que reconocernos como seres humanos y respetar nuestros derechos.» #NotiMundoalaCarta @DEFENSORIAEC
— NotiMundo (@notimundoec) 17 de junio de 2019
Además, el Defensor explicó que la mayoría no puede nunca votar sobre los derechos de las minorías; puesto que si esto pasara, nunca se diera paso al reconocimiento de las necesidades de los grupos minoritarios.
Por otro lado, en el mismo contexto del respeto de los Derechos Humanos en el país, Carrión aseguró que la crisis que vive actualmente el sistema penitenciario no podrá ser resuelto si no se da un enfoque de defensoría de los derechos de los internos, sus familiares y la población en general.
«Lo que se ha hecho hasta el momento, en el estado de excepción, es atacar el problema solo desde el enfoque de la seguridad. Sin embargo, esta situación no podrá resolverse si no se trabaja de manera integral con la prevención, seguridad y el sistema de sanción y juzgamiento», enfatizó el Defensor.
.@freddcarrion: «La crisis del sistema carcelario es una afectación de derechos a las personas privadas de libertad.» #NotiMundoalaCarta @DEFENSORIAEC
— NotiMundo (@notimundoec) 17 de junio de 2019
Para Carrión, el Estado tiene la obligación de ofrecer un verdadero sistema de rehabilitación social que garantice el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad. Esto se debe a que según los tratados internacionales de Derechos Humanos, se considera a los internos como un grupo de atención prioritaria.
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