Peñafiel explicó que, en un eventual intento de volver a enjuiciar políticamente a la fiscal Diana Salazar, no se podrían utilizar nuevamente los mismos argumentos que se propusieron en los procesos que fueron archivados el pasado 10 de septiembre, por parte del Pleno legislativo.
No obstante, aclaró que si se presentan nuevas causales y se cumplen con los requisitos necesarios, Salazar podría enfrentar un nuevo proceso de fiscalización. Para Peñafiel, los juicios archivados no tenían legitimidad democrática, sino que respondía a una ‘vendetta’ por el trabajo que desempeña la Fiscal en contra del crimen organizado. «Esta es una victoria del pueblo ecuatoriano y una demostración de que sí hay funcionarios buenos», acotó el legislador.
A su criterio, los juicios políticos fueron archivados pero la venganza del correísmo todavía no ha terminado, y seguirán buscando formas para complicar su trabajo y posiblemente censurarla. Según Peñafiel, el trabajo de Salazar ha molestado a ciertos actores políticos, y por ello se entiende que se haya intentado «cualquier cosa» para hacerle daño.
Respecto a los cuestionamientos, acerca de que hay ciertos casos que no avanzan a la interna de la Fiscalía, Peñafiel insistió en que cada causa tiene su propia temporalidad, y, en caso de que el tiempo no le alcance a Salazar, pues está próxima a terminar su período, deberá ser la próxima autoridad la que se encargue en dar seguimiento y que estos se resuelvan. De ahí la importancia de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Ciudadana (CPCCS) designe a un titular probo para el cargo.
Peñafiel alertó que existen intentos de manipular este y otros concursos, algo que ha sido una constante en el CPCCS, y por ello, adelantó, se propondrá próximamente una reforma política para eliminar este organismo.
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