En Notimundo al Día, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, explicó que la solicitud de juicio político que la oposición lleva adelante en contra del presidente Guillermo Lasso se ha «entrampado» en la Asamblea Nacional por el cometimiento de errores «torpes».
Esto debido al apuro con que el legislativo ha intentado relizar el proceso, que «no puede tomárselo a la ligera» pues se trata de cesar en funciones a la primera autoridad del Estado.
Explicó que los «errores formales» han debilitado el proceso, y que la última falla tiene que ver con la equivocación en las citas de ciertas normas jurídicas en el encabezado. Asimismo, sobre una supuesta mala aplicación de los artículos sobre peculado y concusión del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que fueron reformados en 2021, Quintana explicó que son errores de forma que pudieron haber sido subsanados en la propia Corte Constitucional.
.@ismaelquintanag: «Son errores que podrían y deberían ser subsanados en la @CorteConstEcu. Discrepo con el colega que dijo que el juicio político se cayó porque no hay tipicidad. Eso es falso. Los delitos de peculado y concusión siguen siendo delitos»
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— NotiMundo (@notimundoec) March 22, 2023
En este sentido, discrepó con las declaraciones del constitucionalista André Benavides, que en días pasados indicó que el juicio político se podría «caer» al no haber tipicidad de los delitos detallados en la reforma del COIP. «Eso es falso. Peculado y concusión siguen siendo delitos», acotó.
También destacó que el CAL haya decidido devolver el texto a los proponentes para que se aclare la acusación constitucional y se solventen los errores, para que se la pueda enviar a la CC con la mayor claridad posible.
Recordó que los jueces de la CC no conocen los hechos, pues eso corresponde presentar a las partes procesales, que en este caso son los legisladores proponentes del juicio político. «El juez tiene la obligación de suplir esas equivocaciones en la aplicación e invocación del Derecho. Si me equivoco al momento de citar una norma, la CC lo podría suplir», insistió.
Sin embargo, saludó la decisión de que el documento llegue sin los «vergonzosos» errores que cometieron los interpelantes.
Finalmente, recordó que la CC no tiene la facultad legal para analizar las pruebas presentadas, sino únicamente de los requisitos del proceso. «La CC podría dar paso a la tramitación del juicio político, pero la carga de la prueba la tendrá la legislatura en medio del trámite; si no se llega a comprobar la veracidad de los hechos, no podría prosperar una moción de censura y destitución», dijo. Una vez recibido el documento, la corte tendrá 6 días para pronunciarse.
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