La resolución judicial fue unánime. Pablo Santiago A. S., de 42 años de edad, fue condenado a 34 años y ocho meses de cárcel, como coautor de asesinato de Carlos Mosquera, de 56 años, un ejecutivo de ventas reportado como desaparecido el 19 de diciembre del 2018.
Su cadáver fue hallado 8 días más tarde en el sector de La Casas, centro- norte de Quito. El Tribunal de Garantías Penales, presidido por la jueza Sara Costales, acogió el pedido de la Fiscalía en la audiencia de juzgamiento realizada el 6 de febrero, en Quito, e impuso la pena máxima agravada en contra de Pablo Santiago por haber participado en el asesinato del ejecutivo de ventas, orquestado con su hermano materno, Fausto F. A., y Nehomar R.
Los dos últimos no pudieron ser enjuiciados porque se encuentran prófugos y con difusión roja, informó la Fiscalía el 7 de febrero en un comunicado. ¿Cómo sucedieron los hechos? El fiscal de Personas y Garantías, Samuel Orlando Benavides, señaló, en base a los testimonios de los testigos, que el 27 de diciembre de 2018, Luis C., propietario de un edificio ubicado en el sector de Las Casas, llamó a la Policía, debido al olor que emanaba una de las oficinas que alquiló el 10 de diciembre.
Entraron por la fuerza y encontraron el cadáver de Carlos Mosquera, maniatado, con cinchos de plástico en sus pies y manos, y su rostro envuelto con cinta de embalaje.
La perita médica-legal, Geovanna Soto, en su testimonio dijo que la muerte data del 19 de diciembre y que sucedió por asfixia, según su informe de autopsia. En efecto, Carlos fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre de 2018.
En la mañana le dijo a su esposa que iría a una oficina al sector de Las Casas a cerrar un negocio con un cliente nuevo. En la tarde, el jefe de la víctima informó a su familia que no se reportó en todo el día. Entonces llamaron a la Policía y rastrearon el auto que tenía GPS.
El vehículo fue encontrado en las calles cercanas al edificio, donde días después hallaron su cadáver. El móvil del asesinato, según la declaración del sentenciado, fue una estafa a la empresa en donde labora Carlos, quien era su excompañero de trabajo.
Pablo Santiago A. S. y Nehomar, ambos excompañeros de trabajo de la víctima, habrían planificado una estafa desde octubre de 2018 a la importadora de electrodomésticos, a través de Carlos.
En la planificación también habría participado Fausto F., hermano materno del hoy sentenciado. Para lograrlo, debían quitarle el teléfono celular a Carlos Mosquera y acceder a uno de sus clientes que tenía una calificación ‘A’ y efectuar un pedido grande de electrodomésticos.
El día 19, Carlos acudió a la cita concertada con Fausto F. Al llegar al lugar lo sometieron, golpearon y maniataron. Cuando lo embalaban, el dueño del edificio pasaba por el corredor y escuchó el ruido de la cinta de embalaje.
Golpeó la puerta y lo atendió Fausto (quien alquiló la oficina, supuestamente para una empresa de turismo): “El señor no abrió mucho la puerta, me trancó (…). Después, otro hombre que no se dejaba ver la cara, limpiaba y limpiaba las puertas”, dijo al Tribunal el dueño del inmueble, quien fue uno de los testigos de este caso.
Cuando Carlos estaba sometido, embalado y asfixiándose, le quitaron el celular y lo desbloquearon con su huella digital. Hicieron un pedido de 1 000 licuadoras y otros electrodomésticos por un monto de USD 75 mil, a nombre del cliente con calificación ‘A’, a través de WhatsApp, desde el número de la víctima.
Según el testimonio de Pablo Santiago A. S., su hermano se fue del lugar, y con Nehomar continuaron con el plan. Dejaron el cuerpo de Carlos atado y se movilizaron a Calderón, extremo norte de Quito, en un auto rentado por el procesado un día antes del hecho, acción que fue corroborada ante los jueces por dos trabajadoras del local de alquiler de vehículos.
Se deshicieron de las cosas de la víctima por el camino, menos del chip del teléfono de Carlos que estaba en el celular de Nehomar. Antes de llegar a Calderón, desde el número de la víctima alquilaron un camión y lo citaron en Carcelén para entregarle los sellos que habilitaban el retiro de la mercadería de las bodegas de la importadora, ubicada en Llano Chico.
El dueño de ese vehículo aseveró a los jueces que la persona que le entregó los sellos nunca le dijo nombre, pero el acusado Pablo Santiago afirmó que fue él quien entregó esos sellos. Desde Calderón, Pablo y Nehomar monitorearon la operación con un dron. Pero la mercadería solicitada desbordó la capacidad del camión.
Al jefe de bodega de la importadora le llamó la atención que el cliente no estuviera presente en el embarque. En su testimonio, dijo que se comunicó con el cliente para decirle que el “volumen de facturación no le va a alcanzar en el camión que había enviado”, pero este respondió que no hizo esa compra.
Entonces, llamaron a la Policía. En su testimonio, el procesado dijo que la intención no era que la víctima perdiera la vida: “solo queríamos el celular para hacer lo que queríamos hacer (…). Cuando llegó la Policía (a la importadora) nos fuimos al valle, no sabíamos si falleció o no Don Carlos, no se logró facturar, todo se salió de las manos”, relató.
Después se fue con su hermano a Colombia, pero regresó 17 días después y a finales de febrero del 2019 fue detenido y trasladado a Quito, a la formulación de cargos que finalmente culminó en sentencia condenatoria.
El Tribunal rechazó el pedido de la defensa pública del procesado de aplicar la atenuante trascendental. Es decir, la reducción de la pena por entregar información relevante a la Fiscalía durante la investigación.
“Aunque el procesado reveló los detalles y las razones del delito, haber actuado entre dos o más personas y perpetrar la infracción con violencia, ambas circunstancias agravantes demostradas durante la audiencia, no permiten la aplicación de la atenuante trascendental”, argumentó ante los jueces el fiscal Orlando Benavides.
La audiencia de juzgamiento fue convocada con tres meses de anticipación. Debió realizarse un día antes, el miércoles 5 de febrero, pero la defensa técnica del procesado no se presentó, por lo que fue amonestado a pagar tres salarios básicos unificados y el Tribunal notificó su ausencia al Consejo de la Judicatura, y dispuso defensa pública para el procesado.
En la audiencia de juzgamiento, el fiscal interrogó a 29 testigos convocados. A más de los 34 años y ocho meses de cárcel, el Tribunal dispuso el pago de USD 100 000 como reparación a la familia de la víctima.
Fuente: El Comercio, nota original aquí: LINK
