La mitad de la Asamblea Nacional disuelta por el presidente Guillermo Lasso, busca formar parte del nuevo periodo Legislativo. UNES, por ejemplo, inscribió a 45 de los 47 asambleístas cesados en mayo de 2023, mientras que el Partido Social Cristiano (PSC) tiene a 11 de 12 exlegisladores en firme.
Para Mauricio Alarcón, esta realidad obedece a la poca representatividad de las organizaciones políticas, quienes “se venden o se rentan” al mejor postor, causando que se conviertan en “números de cuenta” para utilizar recursos públicos en las campañas electorales.
Explicó el caso del expresidente de la Asamblea Virgilio Saquicela, quien en 2019 fue candidato a la Alcaldía de Azogues por CREO, llegó al Legislativo por el movimiento Democracia Sí, y ahora está inscrito por el Partido Socialista Ecuatoriano.
“Lo malo es que cualquier cambio en la normativa electoral está en manos de quienes forman parte de las organizaciones políticas, quienes se sienten muy cómodos en el escenario actual”, declaró.
Por ende, manifestó que el próximo Gobierno debería proponer una consulta popular, para que sean los ecuatorianos quienes decidan sobre cualquier cambio en la normativa, que regule los procesos electorales en el país.
Además, hizo un llamado a la ciudadanía a que, al momento de definir el voto, además de la formación académica o experiencia de los candidatos, se considere también su integridad y ética como personas.
Añadió que el próximo Gobierno de transición, será fundamental para encontrar soluciones a problemas como la inseguridad, la grave crisis económica, o la corrupción.
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