En NotiMundo al Día, el abogado constitucionalista Salim Zaidán explicó la situación por la que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), respecto de la fase de seguimiento del dictamen 2-19-IC/19, que blindaba las actuaciones del CPCCS Transitorio, presidido por Julio César Trujillo.
En lo político, dijo Zaidán, se evidencia claramente que el presidente del organismo, Alembert Vera, junto con los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Jhoana Verdezoto, responden a una agenda partidista del correísmo, donde se buscaría deslegitimar a las instituciones de control y de justicia, para nombrar autoridades afines, que «estén al servicio de sus intereses».
En lo jurídico, añadió, existen suficientes elementos para que los cuatro consejeros de mayoría sean destituidos por la Corte Constitucional (CC). Esto con base en los artículos 86.4 de la Constitución de la República y 22.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que establecen que, en caso de que un servidor público incumpla una sentencia, que en este caso es un dictamen interpretativo de la CC, puede ser removido del cargo.
En el dictamen de 2019, la CC establece claramente que las evaluaciones y designaciones del CPCCS Transitorio no pueden ser revisadas, por lo que el proceso de impulsar una veeduría ciudadana para este efecto iría en contra de la Constitución y la Ley. «Esa es causal suficiente para la destitución», apuntó Zaidán.
.@SalimZaidan: “Se están adelantando a lo que puede venir. Saben que pueden enfrentar la destitución y les quedaría la posibilidad de acudir a la CIDH y declarase víctimas de vulneración de los derechos políticos”.
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— NotiMundo (@notimundoec) September 26, 2023
También recordó que, en un primer momento, Alembert Vera defendió la posición para revisar el proceso de selección de los jueces de la CC, sin embargo se «echó para atrás» cuando distintos consejeros quitaron el respaldo a sus actuaciones. «Lo que no dice el señor Vera es que no se pueden cumplir sentencias inejecutables, que van en contra de un dictamen interpretativo; cuando prefiere acatar la sentencia antes que el dictamen, enfrenta las consecuencias, que sería su eventual destitución», sostuvo.
Zaidán consideró que los consejeros involucrados «se están adelantando a lo que puede venir», con lo que les quedaría la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que eventualmente llegue el caso a la Corte Interamericana y con ello declararse víctimas de la vulneración de sus derechos políticos, para poder ser restituidos en el cargo.
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