Explicó que existen varias contradicciones en el mecanismo que propone el Ministerio de Producción, que se van en contra de los parámetros determinados para un proceso de ‘duda razonable’, establecidos por la Organización Mundial del Comercio y de la Comunidad Andina de Naciones. «Existen reglas claras para la valoración aduanera y su control; debe facilitarse el comercio exterior, y este acuerdo hace lo contrario», agregó.
Según Díaz, si uno de los productos importados tiene un precio menor al determinado en los parámetros del acuerdo, «que no se sabe de dónde salieron», irá a una ‘duda razonable’. Esto significa que el importador deberá presentar un sinnúmero de documentos, mientras que la mercadería deberá permanecer en la Aduana por un tiempo indeterminado. «Eso representa costos adicionales y un precio más alto», sostuvo.
No obstante, señaló que una alternativa viable es que se efectúe un control posterior, que aseguró sería más factible para el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduanas (Senae).
Estas contradicciones para el control de la mercadería dan cuenta de una falta de articulación entre las instituciones estatales, afirmó Díaz, y mantienen a flote la pregunta de por qué el Ministerio de Producción genera trabas al comercio. «Esto es lo que menos necesitamos en una situación como la que estamos; deberíamos facilitar el comercio», apuntó.
Finalmente, explicó que este mecanismo daría pie a que se acentúe el contrabando y perjudique únicamente a las empresas formales.
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