Luego de que la Cancillería del Ecuador declarara como persona non grata al embajador de Argentina en el país, Gabriel Fuks, por la fuga de la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, los desacuerdos diplomáticos se ahondan.

Créditos: El Universo (Juan Ignacio Roncoroni)

Mediante su cuenta de twitter, el presidente Guillermo Lasso, cuestionó que su homólogo argentino, Alberto Fernández, «haya puesto por delante la amistad personal e identidad política con Rafael Correa, por sobre la relación fraterna con Ecuador”. Este pronunciamiento generó la reacción de Fernández quien, mediante una carta, indicó que Lasso debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclaman.

“Allí están los responsables, no en Argentina”, cita el texto en el que se agrega que Duarte, a quien su país le había concedido asilo político por razones humanitarias, gozaba de plena libertad y que su país “no tenía el deber de custodia sobre ella ni ninguna capacidad de acortar sus movimientos”.

En Notimundo A La Carta, Benjamín Ortiz, excanciller del Ecuador, lamentó que este impase diplomático se base en “afinidades y simpatías políticas” cuando el problema de fondo consiste en la situación jurídica de Duarte.

“Los mandatarios están hablando desde un lado político más que desde uno jurídico debido a que el derecho se ha puesto de lado para juzgar los asuntos por las simpatías políticas”, dijo.

Para Ortiz, la fuga de Duarte es un hecho que ocurrió con la participación de la Embajada Argentina porque se avisó tardíamente y salió con protección especial. Por esta razón, afirmó que el presidente Fernández, en su respuesta a Lasso, está evadiendo el tema principal, y solo se está refiriendo a hechos secundarios y simpatías ideológicas por amistades. 

Aunque el excanciller recomendó dejar pasar un “tiempo prudente” que para que este desacuerdo se solucione, aconsejó al Primer Mandatario ecuatoriano no tratar asuntos que tienen un giro personal, ideológico y político mediante redes sociales y atenerse al marco general del derecho para “tratar de resolver este problema sin agrandar el conflicto”. 

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