En Notimundo al Día, Alfredo Narváez, vocero de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, señaló que el principal problema que ha causado la situación que ahora vive el sistema carcelario del país es el abandono del Estado durante años, que ahora se ve reflejado con el fortalecimiento de las organizaciones criminales, las cuales cuentan incluso con armamento al interior de las prisiones.
Narváez calificó a lo que se vive en las cárceles como una verdadera «decadencia e indignidad absoluta», que son factores que contribuyen a la violencia de la cual la población ha sido testigo. En este sentido, recordó que no se puede pacificar sin dignidad ni humanidad, y que «pretender eso es irreal».
Asimismo, recordó que durante los cinco meses que tiene en funciones la Comisión de Pacificación, se han podido evidenciar pequeños cambios, sin embargo, insistió en que es necesaria la articulación de las distintas instituciones del Estado para cumplir con los procesos de la forma adecuada. Aseguró que hay demora en el trámite que se da a los expedientes de los reclusos, y que esta falencia también contribuye al hacinamiento, pues personas que ya debían haber tenido su libertad, aún permanecen encerradas.
#AlfredoNarváez: “Decadencia e indignidad absoluta hemos encontramos, y eso contribuye a la violencia. En los 5 meses que hemos trabajado, ha cambiado un poco la situación, pero el problema de fondo subsiste”
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— NotiMundo (@notimundoec) May 16, 2022
Narváez también consideró que existe un abuso de la prisión preventiva, lo que también causa la sobrepoblación penitenciara, que a su vez desemboca en mayor violencia dentro de las celdas. Añadió que antes de la última masacre registrada en la cárcel de Santo Domingo, el pasado 9 de mayo, fueron trasladados a ese centro penitenciario cerca de 125 reclusos, incluso a sabiendas de la sobrepoblación que existía en el lugar.
Por otro lado, comentó que miembros del sistema penitenciario de Italia se reunieron hace poco con la Comisión, donde se conoció que de las 64 mil personas privadas de la libertad, 10 mil de ellas cumplen con medidas alternativas a la prisión, como trabajos comunitarios, uso de grillete electrónico, entre otras. «Hay 35 mil personas para cuidar a quienes están encarceladas, de los cuales 5 mil son personas netamente administrativas y el resto están en contacto con los presos», añadió, y aseguró que esta situación varía en el país, donde no existe suficiente personal para garantizar la seguridad al interior de las prisiones.
Finalmente, explicó que se deben tomar con responsabilidad las decisiones que se toman, pues un traslado indebido o poco prudente de un preso a un pabellón donde están miembros de otras organizaciones enemigas, puede desencadenar una nueva ola de violencia. «Mientras exista la inequidad en el país, donde los jóvenes no tengan esperanza ni opciones para estudiar o trabajar, viviremos en un caldo de cultivo para la delincuencia», puntualizó.
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