Los soldados, quienes salieron a sus días de descanso, cruzaron el río Bobonaza con dirección a Canelos, cuando a la altura de la comunidad de Sarayaku fueron capturados y retenidos ilegal e inconstitucionalmente, pese a estar desarmados.
Los miembros de las Fuerzas Armadas, al igual que todos los ecuatorianos tienen derecho a la libre movilidad por el territorio nacional, en consecuencia ésta retención forzada es un secuestro que constituye un atentado al Estado de Derecho y a la Seguridad Nacional.
Es necesario enfatizar en que a este grupo radical no le asiste ninguna autoridad para impedir la libre circulación de los militares o de cualquier otro ciudadano.
El Gobierno Nacional reconoce los territorios ancestrales, pero así mismo reconoce los derechos humanos de todos los ecuatorianos.
De igual manera, el Estado ecuatoriano es el responsable de la seguridad nacional, en tal virtud, las Fuerzas Armadas se encuentran apoyando la Policía Nacional en esta responsabilidad y cada acción se ha desarrollado con cabal respeto a los Derechos Humanos y la Constitución de la República.
En ese sentido, reiteramos que los militares en la provincia de Morona Santiago no representan ningún riesgo para la comunidad, como han mencionado algunos dirigentes indígenas, todo lo contrario, sus acciones tienen la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y restablecer el orden interno.
Tampoco están usando armas letales y los medios de transporte sirven exclusivamente para movilizar a los Policías y Militares encargados de la seguridad.
Exhortamos a que prevalezca el Estado Derecho, los Derechos Humanos y la Constitución, frente a las arbitrariedades de grupos radicales.
