Uno de los documentos que mostró el ministro se refiere a un pedido del entonces diputado por Pichincha, Andrés Páez, al Comandante General de la Policía en junio de 2004, para solicitar que un cabo segundo sea asignado para su seguridad personal, debido a amenazas que venía recibiendo, según justificó.
En rueda de prensa, Serrano explicó que tan pronto se conoció de la venta irregular de pases policiales, el Ministerio del Interior presentó la denuncia ante la Fiscalía el 1 de mayo de 2015 y; el 29 de diciembre de ese año, en el operativo ‘Estrella Dorada’, se desarticuló a una organización delictiva relacionada con el delito.
«Se detectó a miembros de la Policía, ubicados en cargos estratégicos, que buscaban a otros policías y les extorsionaban requiriendo dineros, cantidades que iban entre $ 1.000 hasta $ 3.000 para llevarles de una plaza a otra», dijo.
El pasado 15 de septiembre Fausto Tamayo, excomandante general de la Policía, investigado en este caso, aseguró que 13 altas autoridades del Gobierno, de la Asamblea y de la Justicia están supuestamente involucradas en los traslados irregulares de agentes. «Los corruptos que cobraron por pases en la Policía Nacional hoy quieren poner cortina de humo», dijo Serrano más temprano en su cuenta en Twitter.
En la rueda de prensa reafirmó este criterio. En la Corte Nacional de Justicia se reinstaló hoy la audiencia de juicio en contra de 15 policías y una civil, procesados por delincuencia organizada en el caso ‘Estrella Dorada’.
