Cordero señaló que el problema no pasa por rendir cuentas, sino que en 2020 la Corte Constitucional delimitó el marco de los procesos de juicio político en contra de exministros y secretarios de Estado, donde se establecieron dos requisitos principales: que tenga un alcance nacional; y, que tenga la capacidad de ejercer rectoría en política pública.
La Secretaría Anticorrupción no es autónoma, sino que pasa por las decisiones del presidente de la República, explicó.
En caso de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dé paso al trámite del proceso en su contra, se estaría cometiendo una inconstitucionalidad, dijo Cordero, además de que la CC iniciaría la fase de seguimiento del dictamen, lo que podría derivar en la destitución de los asambleístas que están detrás de este proceso.
A su criterio, las motivaciones son políticas y no fiscalizadoras, ya que se intenta materializar por parte de Lucía Jaramillo, exasambleísta del PSC y ahora de Gobierno. «Se me acusa de no cumplir con mi trabajo para prevenir la corrupción», agregó.
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