Miño explicó que el problema de la corrupción en la justicia no es algo nuevo en Ecuador, y que algunas de las reformas empleadas en el ámbito legislativo e incluso constitucional, no han sido suficientes para depurar el sistema. Esto debido a que siempre existe el interés político para controlar el accionar de operadores judiciales en favor de ciertos intereses particulares o partidistas.
No obstante, resaltó que las investigaciones y operativos que ha impulsado la Fiscalía General del Estado son un gran primer paso, aunque no el único que se debe dar. Miño precisó que parte de la arista del problema por el que atraviesa el país es que la sociedad dejó de lado la fiscalización a este Poder del Estado, por lo que se hace necesario que los procesos de evaluación y depuración se lleven de forma permanente.
Asimismo, recalcó que el actual titular de la Judicatura, Álvaro Román, tiene un compromiso «serio» con esta causa, pero insistió en que es necesario revisar los procesos de selección de quienes aspiran administrar la justicia en el país, ya que algunas «manzanas podridas» logran infiltrarse en algunos concursos que se llevan a cabo para este efecto.
Todos los casos cuestionables que ha evidenciado el país han profundizado la desconfianza ciudadana en la justicia, lamentó Miño, por lo que también constituye un reto para las autoridades del área devolver la credibilidad en este pilar fundamental para la democracia de la nación.
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