Tras una atropellada sesión que terminó en su destitución, Nicole Bonifaz aseguró que no se va a aferrar a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En NotiMundo al Día, insistió en que su cese de funciones fue una ilegalidad y aseguró que los consejeros de mayoría buscan "blindar" a la funcionaria Johanna Verdezoto, contra quien se tenía previsto presentar una denuncia por presunta concusión.

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Nicole Bonifaz, ahora expresidenta del CPCCS, lamentó lo expresado por el consejero Juan Esteban Guarderas en NotiMundo Estelar, donde manifestó que ella busca aferrarse «como garrapata» al cargo.

Bonifaz dijo que eso da cuenta de la situación que atraviesa la entidad con la mayoría conformada por Andrés Fantoni, posesionado como nuevo presidente, y los consejeros Juan Esteban Guarderas, Mishelle Calvache y Johanna Verdezoto.

Contra esta última, Bonifaz tenía previsto presentar una denuncia que recibió en su despacho sobre un presunto delito de concusión, respecto de un arriendo que estaría cobrando a una tercera persona, sin ser dueña del inmueble. Esto para cobrar los gastos de residencia que le corresponden por ley, al ser una funcionaria de Los Ríos.

Al removerla del cargo de la Presidencia, Bonifaz asegura que los cuatro consejeros buscan «blindar» a Verdezoto, para que esta segunda denuncia de corrupción no prospere.

Por otro lado, rechazó el proceder del consejero Guarderas, que habría «amenazado» a los trabajadores del área digital, por suspender la transmisión de la sesión donde ocurrieron los incidentes. «Una vez más, se ha cometido un atropello, tal cual como pasó con la expresidenta Sofía Almeida», agregó.

Bonifaz también denunció que a las 21:00 del miércoles 03 de abril, luego de estos acontecimientos, el Ministerio de Telecomunicaciones la removió del sistema documental Quipux, por lo que ahora ya no consta ni siquiera como consejera de Participación Ciudadana.

Por ello, adelantó que estará expectante de lo que acontezca durante la jornada de este jueves, para evaluar las acciones constitucionales que podría presentar para revertir la ilegalidad que asegura se ha cometido en su contra.

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