Ciro Guzmán, abogado de Gabriela Beltrán – funcionaria judicial que recibió sanciones administrativas por irregularidades identificadas en las acciones constitucionales planteadas por Jorge Yunda – explicó que las claves de Beltrán fueron vulneradas para ser habilitadas en unidades judiciales donde ella no laboraba. Aseguró que las investigaciones develan que en el caso hay autoridades implicadas porque existen acciones que requieren la autorización de cargos jerárquicos.

Créditos: Twitter Tatiana Beltrán

En NotiMundo a la Carta, Ciro Guzmán, abogado de Gabriela Beltrán, indicó que, durante las indagaciones realizadas a partir del sumario administrativo emitido en contra de Beltrán, se identificó que “es clarísimo que en el Consejo de la Judicatura no hay la intención de investigar” lo sucedido con las acciones constitucionales ingresadas por Jorge Yunda y precisó que existe una intención en la entidad para no emitir información que permita identificar “la magnitud de la red delincuencial que opera dentro”.

Aseguró que, en representación de Beltrán, presentará una denuncia penal para que se investigue “un conjunto de delitos” perpetrados en su contra. Manifestó que, de acuerdo con el informe del perito, la firma de Beltrán fue falsificada porque “nada tiene que ver la autoría gráfica que consta en las actas ingresadas con la autoría gráfica de Beltrán”.

Detalló que la demanda será presentada en contra de los funcionarios del Consejo y afirmó que en ese grupo constará “quien recibió la demanda, quien falló en cuestión de horas, quién autorizó para que se abra la orden a nombre de Beltrán y quien permitió que se la habilite con orden directa”. Señaló que, con base en lo investigado, el Secretario de la Unidad Iñaquito “debe entrar de cajón” porque inscribió en el sistema una causa “falsa”. Rechazó, asimismo, la acción de los implicados y cuestionó “¿Cómo puede ser posible que nadie se responsabilice?”. Aseguró que el Consejo de la Judicatura tendrá que informar qué dispositivos dieron la orden de impresión y registro.

Defendió que Gabriela Beltrán Loyo “se percató” de la situación después de que allanaron su domicilio y lugar de trabajo; además, cuando fue notificada sobre su vinculación al caso de Jorge Yunda. Agregó que la funcionaria no tiene un acceso “diario” para conocer qué causas fueron ingresadas bajo su código.

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