En Notimundo al Día, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, defendió la decisión del Gobierno de autorizar la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, asegurando que para materializarlo se hizo un análisis que duró entre 5 y 7 meses.
Sobre la teoría que ha tomado fuerza en las últimas horas, de que la decisión anunciada por el presidente Guillermo Lasso responde a la indefensión en que se encuentra la ciudadanía, Ordóñez la rechazo. «El Gobierno, a través de todas las instancias y recursos que tiene, ha estado combatiendo la delincuencia y dando batalla a otros delitos ligados al narcotráfico, y ha tenido éxito», apuntó.
Asimismo, recordó que la tenencia de armas en Ecuador ya estaba permitida, pero no su porte, por lo que ahora quien busque armarse para defender su vida y su propiedad, deberá cumplir con varios requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 707.
.@diegoordonezg: “No es libre porte de armas. No se está armando a la población, se está dando la posibilidad de que puedan tener una herramienta de defensa, para quienes puedan demostrar su capacidad de uso”
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— NotiMundo (@notimundoec) April 3, 2023
También precisó que la propuesta que se había hecho sobre el tema, por parte del Partido Social Cristiano (PSC), era el libre porte de armas, «lo cual es un completo absurdo y una irresponsabilidad«. «Aquí estamos estableciendo lo que estaba vigente antes de 2011», sostuvo Ordóñez.
Por otra parte, explicó que ahora los guardias de seguridad estarán autorizados para portar armas en sus lugares de trabajo, y participarán en conjunto con la Policía y las Fuerzas Armadas para combatir el crimen en los alrededores de sus sitios de labores. Esto permitirá -continuó el Secretario- que los delincuentes lo piensen dos veces antes de cometer un crimen.
Sobre el asesinato de Rubén Cherres, hombre de confianza de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, y vinculado en una investigación por sus presuntos vínculos con la mafia albanesa, Ordóñez afirmó que fue un crimen que deberá ser investigado por la Policía y la Fiscalía, y que el Gobierno «no tienen nada que decir» sobre el caso.
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