El hallazgo del cuerpo sin vida de la abogada María Belén Bernal, de 34 años, generó más dudas que respuestas, en un caso donde las sospechas de la desaparición y asesinato recaen sobre su esposo, el teniente de Policía Germán Cáceres. En Más Allá de los Hechos, con Fausto Yépez, abogados involucrados en el proceso abordaron el fatídico suceso desde diferentes aristas, donde se conocieron nuevas revelaciones del femicidio ocurrido el 11 de septiembre.

En Más Allá de los Hechos, Gonzalo Matovelle, abogado de la familia de María Belén Bernal, ratificó que en el caso aún hay inconsistencias y «varias cosas que no cuadran», no obstante, reconoció que en eventos de esta naturaleza se genera mucha información que debe pasar por un estricto proceso de contrastación y verificación, con el objetivo de que se cumpla el debido proceso y se respete el procedimiento legal.

En este sentido, señaló que en un primer momento la intención era encontrar a María Belén, pero una vez confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida, procede el siguiente paso que es netamente el área legal para determinar responsabilidades. Matovelle relató que Bernal, además de su amiga, era su socia, por lo que el lunes 12 de septiembre cuando no se presentó a trabajar y no tenía ninguna noticia de ella, llamó a Germán Cáceres, esposo y principal sospechoso del asesinato, quien le dijo «muy tranquilo» que la noche pasada habían tenido una discusión y posteriormente la había dejado en la Avenida Simón Bolívar para que aborde un taxi. «Yo digo no, esto no está bien», apuntó Matovelle.

Con las sospechas que generaron la calma en la respuesta de Cáceres, Matovelle se puso en contacto con uno de los clientes de Bernal, quien también era Policía, y este sugirió involucrar de inmediato a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased). Posteriormente se contactó con Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, con quien presionaron para que Cáceres presente la denuncia por la desaparición de su esposa, diligencia que fue realizada en horas de la tarde del 12 de septiembre.

Para el abogado, todo lo que sostuvo Cáceres en sus declaraciones iniciales fue programado «para ganar tiempo». Por otro lado, aseguró que el hoy prófugo de la justicia actuó con complicidad de otras personas, pues un cadáver representa un peso complicado de trasladar por una sola persona, y la quebrada del Cerro Casitagua, donde fue hallada Bernal, no era de fácil acceso. Además, previo al asesinato, varias versiones de cadetes confirman haber escuchado la violencia que se estaba desatando en la habitación de Cáceres, pero nadie hizo nada para detenerlo.

Recordó que otra implicada en el caso es la cadete Joselyn Sánchez, quien habría mantenido una relación sentimental con Cáceres. La vinculación de Sánchez se habría dado luego de labores investigativas, además de «era un secreto a voces» el vínculo que existía, ya que la cadete se encontraba dentro del alojamiento para oficiales.

Matovelle reveló que algunas pruebas de la participación de terceros con que contó Cáceres es la entrada de un vehículo con vidrios polarizados a la Escuela Superior de Policía, que no pertenecía al teniente ni a Bernal. Además, informó que la madrugada que se habría perpetrado el crimen, Cáceres descargó en su teléfono un protocolo para manejo de cadáveres en tiempos de Covid-19. «Cáceres no es un genio, debe estar siendo asesorado por alguien», enfatizó.

De su lado, Gonzalo Realpe, abogado de la cadete Joselyn Sánchez, única procesada hasta el momento por el delito de desaparición involuntaria, explicó que la versión de su defendida en la Fiscalía no fue totalmente libre, pues lo hizo «presionada e intimidada» en compañía de otros oficiales de Policía. Indicó que otra vulneración se dio al momento de llegar a rendir su versión, pues le habían asignado un supuesto defensor público, pero en realidad era uno privado contratado por la Policía Nacional. Anunció que se emprenderán acciones paralelas para sancionar a estos elementos.

Afirmó que algunas de las declaraciones de Sánchez fueron verdad y otras fueron obligadas a repetir, como que acepte el hecho de que mantuvo una relación sentimental con Germán. «Joselyn no tuvo ninguna relación», aseguró el abogado. Aclaró también que Cáceres no le quitó su celular, como se señalaba en un inicio, sino que lo hicieron otros oficiales de Policía previo a la versión que rindió en Fiscalía. «Esa es una de las arbitrariedades que se cometieron en ese proceso», añadió Realpe.

Asimismo, confirmó que la fatídica noche que asesinaron a Bernal, la cadete Sánchez «venía tomándose unos tragos», y que, para no generar sospechas y cuestionamientos por parte de sus compañeros, se le permitió «descansar» en una habitación contigua a la de Cáceres, donde escuchó la violencia que este ejercía contra su esposa.

Acotó que para el 12 de septiembre reunieron a los cadetes para consultar lo que habían escuchado la noche anterior, «y desde este momento la Policía empieza a buscar la manera de salir de este problema». Además, aseguró que su defendida no cometió ningún delito, por acción ni por omisión, pues no es una funcionaria pública.

Finalmente, Alejandro Ponce Villacís, abogado defensor de los Derechos Humanos, explicó que se debe separar el ámbito legal, donde existen varias dudas y cuestionamientos en las versiones oficiales, como las del Ministerio del Interior, el área de la responsabilidad del Estado por posibles violaciones a los DDHH. «En esta última, mucho se ha dicho que no existe una intención de que estos hechos se hayan producido, y en eso yo difiero», apuntó.

Su contraposición responde a que existe una política no escrita por la cual se promueve la protección de la institución de la Policía Nacional por sobre los derechos de la ciudadanía. Esto se comprobaría con el aparente espíritu de cuerpo que se ha reflejado en este caso por parte de los miembros de la fuerza pública, o cuando el ministro Patricio Carillo ha señalado que este hecho corresponde casi que a un conflicto doméstico.

La reincidencia de estas actuaciones reflejaría que desde el gobierno se busca evadir su responsabilidad. Ponce resaltó que desde un inicio se evidenció que no se dieron las facilidades para que la investigación se desarrolle de forma transparente y eficiente. Por todas estas irregularidades, aseguró que existe, «con toda claridad», una responsabilidad del Estado, así como violaciones a los Derechos Humanos.

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