Un año y medio después de que se condenó a siete personas por peculado en el caso Singue, se instaló la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia de los procesados entre los que están el exvicepresidente, Jorge Glas, el exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente; César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue; y los exfuncionarios públicos Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos.

Créditos: Corte Nacional de Justicia

En NotiMundo Estelar, Juan Pablo Albán, parte del equipo de abogados del exministro, Wilson Pástor, afirmó que la prueba demostrada en juicio revela que no hubo perjuicio al Estado y que no existió peculado al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue, entregado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC).

“Esta prueba fue aportada por el propio Estado ecuatoriano, se trata de documentación remitida por el Ministerio de Recursos No Renovables a la Fiscalía durante la investigación previa”, dijo Albán y agregó que parte de esta evidencia son los oficios remitidos por ese Ministerio en respuesta a requerimientos de información. “Estos dan cuenta de la inexistencia de un perjucio y mas bien de la existencia de un beneficio a favor del Estado”, enfatizó.

Albán agregó que las declaraciones rendidas en audiencia y varios de los peritajes en contratacion pública y en contabilidad, sobre las ganancias percibidas por el Estado y en el marco de la renta petrolera sobre la recepción del beneficio mayor frente a un saldo negativo de la empresa; también prueban que no hubo un perjucio al Estado en este caso.

No obstante, una pericia que se incluyó en este proceso señala una afectación al Estado por aproximadamente USD 28 millones. Sobre este tema, Albán explicó que se trató de una pericia financiera, sin embargo, dijo que la perito hasta el momento, no registra título en finanzas. “Cuando se le pregutó sobre este monto, ella dijo que era un cálculo a futuro, es decir, ella estaba asegurando a cuánto iba a ascender el perjuicio”, mencionó Albán y recalcó que, en lugar de utilizar criterios financieros  para hacer una proyección probabilistica, construyó una tabla de excel para hacer ese cálculo. Por este motivo, el Tribunal del jucio habría decidido no tomar en cuenta esta pericia, según Albán.

Finalmente, en relación a que no se habría tomando en cuenta las reservas del campo Cuyabeno, lo cual sería uno de los factores que determinarían este aparente perjucio, Albán manifestó que se especuló sobre la existencia de información privilegiada que había estado en manos de algunos funcionarios públicos y que había permitido manipular la negociación, “se tata de un documento que no fue elaborado por el Estado sino por una empresa contratada”, recalcó.

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