El asesinato del fiscal César Suárez, quien manejaba temas sensibles como la irrupción a TC, corrupción en el sistema de salud y los fondos del ISSPOL, dejó en zozobra al sistema judicial.
Borja denunció que desde el pasado 09 de enero, día en el que se declaró el conflicto armado interno, habían solicitado que se les permita trabajar bajo la modalidad virtual. Sin embargo, reaccionaron tras el crimen de Suárez.
Detalló que desde noviembre de 2023, un acuerdo ministerial estableció que los costos de protección policial sean cubiertos por el Consejo de la Judicatura.
“El CJ nunca emite una disponibilidad de certificación presupuestaria, el fiscal asume los gastos de hospedaje, alimentación movilización y viáticos”, denunció.
Por último, indicó que tras el sicariato ocurrido en Guayaquil, muchos funcionarios están pensando en renunciar, por lo que solicitan que se les otorgue condiciones mínimas para ejercer su trabajo.
