“Las declaraciones de Augusto de la Torre y del ministro Mauricio Pozo provocan o buscan generar las condiciones para impulsar las privatizaciones dentro de la Seguridad Social. El establecer que las pensiones jubilares ya no tendrían recursos para el año 2022 ha provocado que ahora los jubilados, a más de estar pendientes de su salud, hoy están preocupados y desesperados porque se van a quedar sin ingresos mensuales como es la pensión jubilar”, explicó el dirigente laboral Nelson Erazo.
El artículo 307 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) refiere que caerá dentro del delito de pánico económico la persona que publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico. La sanción para este delito es una pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Según Erazo, hay información de estas declaraciones que están circulando en diversas redes sociales y por ello pide a la Fiscalía que investigue el hecho y que sancione con cárcel a los responsables.
Los dirigentes sociales aseguraron que no permitirán que se vayan generando las condiciones para que se llegue a las privatizaciones de la Seguridad Social en el Ecuador. A decir de Erazo, el Seguro Social en nuestro país es vigente y aún tiene larga vida. “El Gobierno nacional tiene que pagar los más de $ 22.000 millones que le adeuda a la Seguridad Social y se deben cobrar de manera inmediata los más de $ 2.500 millones que se adeudan desde el lado de los empresarios de la patronal”.
Los denunciantes afirman que en el Seguro Social los recursos existen, sino que el problema está en que existe un “complot” entre el Gobierno nacional y los empresarios que buscan cumplir con los acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para ellos, la situación actual es resultado de las malas administraciones entre las que se incluye al gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno.
Nota Original: El Universo – LINK
