Pablo Celi, Contralor General del Estado, manifestó que la crisis de coronavirus evidencia la fragilidad que el sistema de salud pública obtuvo durante el Gobierno de Rafael Correa a causa de contrataciones onerosas e ilícitas. Aseguró que los actos de corrupción no se pueden limitar a la contracción de procesos contractuales sino a la implementación del control interno que está suscrito en la Constitución; agregó que se realizan 61 auditorías a todo el plan de inversión pública en torno a la emergencia sanitaria.

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En Más Allá de los Hechos, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, indicó que, durante los últimos dos años, la Contraloría ha llevado acabo 200 auditorías a procesos contractuales del pasado, que evidencian irregularidades por más de USD 200 millones. En ese contexto, indicó que la crisis de salud por coronavirus “pone en evidencia la situación de fragilidad que el sistema de salud pública obtuvo a causa del uso abusivo que tuvo durante 10 años por contrataciones onerosas y muchas de ellas ilícitas”.

Agregó que el Ecuador atraviesa circunstancias emergentes en las que iniciar procesos de investigación representan un “imperativo nacional”. En ese contexto, resaltó que la denuncia ciudadana debe ser un elemento que el sistema judicial incluya para la base de las causas e informó que, en torno a la emergencia sanitaria, la Contraloría realiza un monitoreo constante del portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP); como también de las instituciones de la red de salud pública, ministerios, GADs y municipalidades.

Celi también destacó la importancia de la restauración del control previo a los procesos contractuales públicos y precisó que esta competencia permitía a la Contraloría vigilar y prevenir actos de corrupción como también dar seguimiento constante de las adquisiciones.

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