Los denominados papeles de Panamá, la macrofiltración que ha desvelado las artimañas financieras que usan los poderosos del mundo para no pagar impuestos, han dejado la imagen del país en el exterior a la altura del betún y el ego de los panameños minado y vapuleado.
«Los mal llamados papeles de Panamá no son un problema de Panamá, son un problema del sistema financiero mundial», repite como un mantra el presidente del país, Juan Carlos Varela, desde que el pasado 3 de abril el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la lista de clientes del bufete Mossack Fonseca, especializado en compañías «offshore».
Aunque todavía es muy pronto para cuantificar el impacto en Panamá de este escándalo de alcance mundial, ya han aparecido las primeras consecuencias: la inclusión del país en la lista francesa de paraísos fiscales y el anuncio del Gobierno panameño de que revisará, con el rabo entre las piernas, sus prácticas financieras.
Pero la sangría lejos de acabarse ahí, se ha recrudecido en los últimos días. La semana pasada, Panamá volvía a las portadas de los medios de comunicación por un caso de blanqueo de capitales que involucra a una de las familias más poderosas del país, los Waked.
El Tesoro de Estados Unidos acusó al clan de gestionar una de las mayores redes de lavado de dinero del narcotráfico a través de un conglomerado empresarial que abarca 68 compañías radicadas en su gran mayoría en Panamá.
El señalamiento de los Waked (una suerte de virreyes en Panamá) no solo le ha dado argumentos a todos aquellos que piensan que el istmo es un coladero de dinero criminal, sino que ha despertado gran nerviosismo en los despachos políticos porque están en juego 6.000 puestos de trabajo en un país que no llega a los 4 millones de habitantes.
«Que quede claro que el éxito de Panamá se debe al trabajo arduo de su gente. Errores se cometen en todos los países (…), pero que quede claro que vamos a hacer lo que sea necesario para salir adelante», afirmó este lunes el presidente.
En la sociedad panameña (y en la clase política), predomina la idea de que ambos ataques están orquestados por una mano negra que tiene una finalidad muy clara: desestabilizar el sistema financiero de Panamá a golpe de escándalo y obligar al país a plegarse a los estándares de transparencia fiscal de los países desarrollados.
«Si las grandes potencias quieren pelear, no está bien que usen Panamá como territorio para esa pelea. Si quieren pelea que vayan a pelear a sus países, pero no usen nuestro sistema financiero y nuestro sistema fiscal para ello», dijo ese mismo día Varela en un tono claramente desafiante.
Conspiraciones geopolíticas a un lado, lo cierto es que toca analizar hasta qué punto el panorama es tan apocalíptico como parece o si, por el contrario, estamos ante una fogata muy ruidosa pero fácil de apagar.
«Es un terremoto de 10 grados que tendrá réplicas en las próximas semanas. Es el golpe más letal que se la ha dado al sector empresarial en los últimos 50 años», clamó en una tertulia televisiva el experto panameño en Derecho Constitucional Miguel Antonio Bernal.
El señalamiento del Tesoro significa a efectos prácticos una especie de muerte comercial porque implica la congelación de todos los activos de la familia Waked en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones directas o indirectas a ciudadanos estadounidenses con las empresas implicadas en la trama.
«Al grupo empresarial le va a costar mucho hacer negocios con bancos o pagar sus plantillas», decía este fin de semana en una televisión local el líder empresarial Jorge García Icaza.
La cartera de negocios de la familia Waked parece un bazar en el que uno se puede encontrar desde fastuosos centros comerciales, lujosos rascacielos y medios de comunicación, hasta tiendas libres de impuestos, bancos y casas de valores.
El clan, de ascendencia libanesa, también tiene importantes negocios en la ya de por sí deprimida Zona Libre de Colón (ZLC), en el Caribe panameño. La estocada final que le faltaba a la zona franca más grande del continente.
El Gobierno ha prometido que hará todo lo que esté en su mano para proteger los 6.000 puestos de trabajo que dependen de los Waked y ha dicho que está negociando con Estados Unidos «flexibilizar» las medidas, y por ende suavizar el castigo, pero la incertidumbre se hace cada vez mayor.
Sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de ralentización económica que vive el país (aunque sigue liderando con distancia el crecimiento de Latinoamérica) y que en menos de dos meses 4.000 trabajadores se van al paro porque se acaban las obras del Canal.
El Gobierno tiene capacidad para absorber a los obreros canaleros y recolocarlos en algunas de las grandes obras de infraestructura que se están acometiendo, como la segunda línea de metro de la capital o el proyecto urbanístico de la ciudad caribeña de Colón, pero ¿qué puede hacer con 6.000 trabajadores, en su gran mayoría dependientes de tiendas, si finalmente cae el imperio Waked?
Los aficionados al boxeo dicen que hay asaltos en los que se golpea sin respiro y otros en los que toca cerrar los ojos y rezar. No hace falta ni mencionar en qué asalto se encuentra ahora mismo Panamá. Veremos con qué fuerzas llega al final del combate.
