La Mesa de Justicia anunció que en 2017 se registró un incremento de los casos relacionados con este delito, en los cuales se dictó sentencia absolutoria.

El Telégrafo

Las autoridades de Justicia solicitarán a la Contraloría que realice exámenes aleatorios sobre el crecimiento patrimonial de los servidores judiciales que analizaron, investigaron y juzgaron casos de narcotráfico procesados en la Unidad Penal Albán Borja de Guayaquil. La decisión fue adoptada en una reunión que la Mesa de Justicia mantuvo este lunes en el Puerto Principal. En ella se detalló que durante 2017 se registró un incremento de casos relacionados con delitos de narcotráfico de mediana, alta y gran escala, en los cuales se dictó sentencia absolutoria. Según el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, el número de resoluciones de este tipo “no se compadece con el histórico que ha venido registrándose en esa unidad”, por lo que es necesario un análisis más profundo de la situación, para determinar los correctivos que la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura deberán tomar en el ámbito de su competencia. “Si los casos están debidamente sustentados, en buena hora, si todo el mundo ha hecho un buen trabajo mejor, pero si no, tomaremos medidas en caso de presentarse novedades”, afirmó Jalkh y aseguró que esta es una acción preventiva para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El titular de la CJ anunció que la Unidad de Flagrancias de Guayaquil volverá a atender en el edificio del exCuartel Modelo. Esas instalaciones fueron afectadas por el terremoto ocurrido en 2016, por lo que los servicios judiciales que ahí se proporcionaban fueron trasladados a la Unidad Penal Albán Borja. Tras un proceso de rehabilitación en el que intervinieron el CJ y los ministerios de Justicia y del Interior, se retomará la atención a la ciudadanía, en abril próximo. En la reunión, la Mesa de Justicia analizó el desempeño judicial registrado en 2017. Respecto a las audiencias fallidas, se ratificó que estas se redujeron de 29 % a menos del 4 %, lo que implica un ahorro de 42 millones de dólares para el Estado. En Guayas, el porcentaje de audiencias fallidas es del 6 %. Sobre el índice de caducidades de la prisión preventiva, Jalkh explicó que en 2017 se registraron apenas ocho casos, cuando antes se tenían 800 o 1000 por año. En lo relacionado al juzgamiento de delitos como el homicidio y asesinato, se indicó que en 2017, el 98 % de casos judicializados llegaron a sentencia con todos los elementos probatorios.

En lo que se refiere al femicidio, hat 127 personas sentenciadas por este delito con un promedio de 20 años de pena privativa de libertad. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, señaló que se colocaron 1241 dispositivos electrónicos de geoposicionamiento (brazaletes electrónicos) a personas privadas de la libertad.

En Guayaquil se colocaron 700 brazaletes, en Cuenca 146 y en Quito casi 400. Aseguró que existen otros 2000 para que los jueces, que lo consideren pertinente, ordenen la colocación de los mismos como una medida alternativa a la prisión preventiva o domiciliaria.

Fuente: El Telégrafo