Durante la sesión se pidió a las áreas técnicas, jurídicas y operativas, un ajuste económico de la Consulta Popular, para incorporar una 5ta papeleta en los próximos comicios. El presupuesto fijado es de 2’885.076,64 lo que significa el 2,60% del presupuesto general de todo el proceso electoral.
El titular del CNE indicó que la Consulta no alterará el calendario de las Elecciones Generales previstas para esta misma fecha. «Según establece la Ley, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para realizar la convocatoria, luego de recibir el Decreto del Ejecutivo, posteriormente tendrá 60 días para efectuar el proceso», mencionó el Presidente Pozo.
Cabe destacar, que la Consulta Popular se realizará el mismo día que se escogerá: Binomio Presidencial; Asambleístas Nacionales; Asambleístas Provinciales; y, Parlamentarios Andinos. El número de electores serán los mismos, es decir, 12’816.698.
Dentro del cronograma aprobado, consta lo siguiente: del 19 al 21 de diciembre, convocatoria a medios de comunicación y vallas publicitarias a la inscripción como proveedores de promoción electoral; 22 de diciembre, convocatoria oficial para la Consulta Popular; del 23 al 27 de diciembre, inscripción de organizaciones políticas y sociales para la promoción de una de las dos opciones, tanto el SÍ, como el NO, mismas que deberán cumplir los requisitos para su registro; el 8 de enero, primer simulacro para las elecciones de febrero de 2017.
Nubia Villacís, aclaró que los montos del límite de gasto y de promoción electoral, serán los mismos para las dos opciones, sin depender el número de organizaciones aprobadas.
Esto se acogió por medio del pedido del dictamen de la Corte Constitucional y del Decreto Ejecutivo 1269, donde el Presidente de la República del Ecuador, convocó a los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes en el país con derecho a sufragio, a la Consulta Popular para que se pronuncien sobre si están de acuerdo o no, con que los funcionarios públicos y las autoridades de elección popular tengan prohibición de tener capitales y bienes en los considerados paraísos fiscales.
