Velasco recordó que presentó dos propuestas de reforma, en 2021 y 2023, enfocadas a subsanar ciertos vacíos legales detectados en la reforma del 2020, como en lo referente a la tramitación de los juicios políticos. Por ejemplo, cuando existe el cambio de autoridades de un período legislativo, algunos procesos de enjuiciamiento no prosperan debido a la falta de conocimiento del mismo, por parte de las nuevas autoridades.
Ahora, Velasco planteó una reforma, para que, antes de la culminación del período, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no califique el juicio en los últimos 45 días, para que sean los nuevos integrantes los que lo hagan.
Asimismo, Velasco señaló que se contempla un endurecimiento de sanciones. Actualmente, la LOFL determina que un funcionario censurado o destituido no puede ejercer cargos públicos por 2 años. Ahora, se plantea que la inhabilitación dure 10 años.
Por otro lado, se plantea retirar el tiempo permitido para el retiro de firmas de apoyo para un juicio político. En la reforma se plantea que dentro de los 15 que se concede a las partes para presentar pruebas de cargo y de descargo se podrá desistir del apoyo, y no después de la calificación del CAL.
Para el caso de enjuiciamiento del Presidente y Vicepresidente de la República, se plantea que se inicie apenas la Asamblea reciba el dictamen de admisibilidad de parte de la Corte Constitucional, para suspender el juicio en curso y priorizar el del primer y segundo mandatario.
Velasco anunció que estas reformas serán analizadas por el Pleno, una vez que esté listo el informe de la Comisión de Justicia.
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