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El Procurador General de la República de Brasil, Rodrigo Janot, envió un oficio a las autoridades máximas de las Fiscalías de los países de América Latina que investigan a Odebrecht, para informar que solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) que se mantenga bajo reserva “todas las pruebas” que se obtuvieron como parte de los acuerdos de colaboración premiada firmados por la compaña brasileña y que serán enviadas a partir del 1 de junio a las autoridades que hicieron pedidos de cooperación internacional.

Agencia Andes

Sin embargo, la información solo podrá ser enviada a los fiscales de los países que firmaron acuerdos con Odebrecht y sus delatores o que asumieron el compromiso ante las autoridades brasileñas de no procesar civil o penalmente a Odebrecht y los directivos que firmaron el acuerdo de colaboración y de delación con el Ministerio Público Federal de Brasil.

El fiscal general del Ecuador, Carlos Baca, viajará este martes a Brasil y mañana mantendrá reuniones en la Procuraduría General de Brasil.

“Emprenderé viaje a Brasil porque vamos a establecer mecanismos de cooperación para que se conozca absolutamente toda la verdad”, manifestó el fiscal a periodistas.

La Secretaría de Cooperación Jurídica Internacional de Brasil, órgano adscrito a la Procuraduría General de la República (Fiscalía), “solamente podrá enviar la información a otros países si hay el compromiso de no usar los documentos presentados por la propia empresa, por los colaboradores y adherentes (del Acuerdo), contra ellos (la compañía y sus directivos), ya sea en el ámbito civil o penal”, explicó al sitio digital Convoca.pe el fiscal brasileño Orlando Martello, quien integra el equipo que investiga el caso Lava Jato y participó en el interrogatorio que realizaron los fiscales peruanos a Marcelo Odebrecht el 15 de mayo.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría precisó que el oficio fue enviado a las Fiscalías de  Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal y Venezuela.

En el documento de la Procuraduría de Brasil se señala que de aceptar el Supremo Tribunal Federal su reciente solicitud, se garantizará que a partir de este jueves no exista “divulgación pública del contenido” de la información referida a los hechos ocurridos fuera de Brasil para evitar “eventuales perjuicios a la investigación” que lidera el Ministerio Público de cada país.

El Procurador brasileño Janot explicó, mediante el comunicado de prensa de su institución, que la permanencia de reserva se justifica “en razón del posible interés de las autoridades extranjeras en la adopción de medidas investigativas relativas a los hechos reportados por los colaboradores que pueden ser perjudicadas si hubiese publicidad del material antes de que sea enviado a las autoridades”.

El Ministerio Público de Brasil señala que la Secretaría de Cooperación Internacional “coordinará las respuestas brasileñas a los pedidos extranjeros” que está a cargo de Vladimir Aras y para ello es importante que los Ministerios Públicos de cada país “designen un interlocutor del caso Lava Jato”.

En el caso de Ecuador, según el informe del Departamento de Justicia estadounidense los sobornos ascenderían a 33,5 millones de dólares y las autoridades de Gobierno se han comprometido a investigar a fondo.

El pasado 16 de febrero del 2017, se reunieron en Brasil los fiscales de 11 países quienes suscribieron la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción. En dicha declaración, se acordó promover la constitución de equipos conjuntos que permitieran adelantar investigaciones coordinadas sobre el caso.

Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora del mismo nombre está preso desde marzo del año pasado por cargos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir, fue condenado a 19 años de prisión, por pagar sobornos de más de 30 millones de dólares a altos funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos.

Fuente: Agencia Andes