La bancada de Unión por la Esperanza (UNES), presentó este lunes, 4 de octubre, una solicitud de juicio político, con 46 firmas. Lo hizo con el objetivo de censurar y destituir al procurador general del Estado, Íñigo Salvador. La denuncia se sustenta en el presunto incumplimiento de funciones.
En NotiMundo Estelar, Íñigo Salvador, procurador general del Estado, rechazó que su gestión registre incumplimientos a lo estipulado en la Constitución y la Ley vigente del país y dijo que se debe considerar como importante que los “únicos” solicitantes de su enjuiciamiento político son los asambleístas del bloque de UNES.
Manifestó que “no hay una sola firma de ningún otro asambleísta de otra bancada” y afirmó que eso le hace “creer que la cosa viene direccionada porque solamente esa gente piensa que ha incumplido sus funciones”.
Aseguró que la acción de la bancada correísta es un intento de desestabilizar la política nacional y puntualizó que en su caso concreto se trata por “cobrarse una vieja deuda” tras el fallo emitido por la institución en el Caso Sobornos; proceso penal que dictaminó ocho años de prisión al expresidente Rafael Correa.
En ese marco, dijo que se han referido al caso Perenco y Texaco porque “lo ven desde una óptica obtusa” con la intención de defender las acciones de Correa que fueron las que le provocaron la derrota de Ecuador en ese proceso.
Cuestionó por qué se emprenden acciones en su contra si el exprocurador correísta “también perdió los casos Murphy, Perenco y Burllington”.
Respecto a su defensa en el caso Perenco, el procurador Salvador dijo “estar convencido y tranquilo de haber hecho todo lo que era posible”. Precisó que este se inició en el año 2009, cuatro años antes de asumir el cargo, y dijo que, en ese momento, ya existía un dictamen que exigía la indemnización por parte del país; razón por la cual “no podía hacer nada más”.
Indicó que la decisión de incumplir el contrato de participación fue “deliberada para que el Ecuador se hiciera cargo de la explotación de los campos que Perenco dejó una vez que se cambiaron los términos y ellos abandonaron los campos.
Sobre el pago de los USD 300 millones por parte de Ecuador a la petrolera francesa, Salvador dijo: “no me puedo explayar sobre las conversaciones porque son privadas”.
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