Según Ramírez, lo único que se señaló rotundamente -sobretodo en el manejo de recursos de la Universidad Andina- es que estos centros de estudios deben cumplir con la norma nacional. «No está en riesgo el estatus de internacional de la Universidad Andina y la Flacso», aclaró.
El representante del CES dijo que tienen que cumplir con la norma nacional para recibir los recursos. Por ello insistió que lo que se busca es que cumplan con aquello para ser considerados como público-nacional. Aclaró que en ciertas universidades particulares se detectó a rectores que percibían $ 60.000 mensuales y que en las universidades cofinanciados de más de $ 20.000.
Para evitar esos excesos se sugiere que cumplan los niveles salariales de Ecuador, en donde se piensa en un sueldo de $ 6.000 , sin embargo estos rectores deben estar a tiempo completo y de manera diferencial. Agregó que se busca evitar la vinculación entre autoridades con empresas con fines de lucro. El proyecto estaría listo en 15 días. Finalmente, Ramírez reconoció que existe una deuda a ciertas universidades por parte del Ministerio de Finanzas. Mediante un comunicado de prensa, la Secretaria Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senecyt) ratificó su postura.
