Según Juan Pablo Pozo, presidente del organismo electoral, esta es la primera vez que se realizará el recuento de casi el 11,2% de los votos, por lo que se mantendrá el acompañamiento de las misiones internacionales y de los veedores de las organizaciones políticas para garantizar la transparencia del proceso.
“Se ha acreditado a delegados de ambos binomios, estaremos atentos a darles todas las facilidades. La presencia de las misiones de observación internacional que han estado presentes luego de la segunda vuelta se han mantenido acá (…) para esta importante actividad”, informó este lunes Pozo.
La apertura de las urnas se realizará en el Coliseo General Rumiñahui, en el centro norte de Quito, partir de las 08:30 locales. Se prevé el recuento de 1’275.450 votos que corresponden a 3.865 actas de las 24 provincias del país y a dos de las tres circunscripciones del exterior.
Los paquetes electorales serán trasladados desde las 24 delegaciones provinciales con custodia del personal de las Fuerzas Armadas. Las provincias de las que se revisará el mayor número de votos son: Pichincha (283.140 votos), Guayas (242.880 votos), Manabí (141.570 votos), Azuay (61.710 votos) y Los Ríos (59.730 votos), entre otras.
Para el proceso se instalarán 250 mesas de reconteo con funcionarios del CNE a quienes se les entregará por sorteo los kits electorales y deberán abrir las urnas, realizar el recuento, llenar el acta y constatar que los delegados de las organizaciones políticas firmen las actas.
“No vamos a hacer una contrastación de actas, vamos a verificar voto a voto (…) vamos a recontar todos los paquetes y los kits electorales que suman 3.865 kits electorales”, expresó el titular del CNE.
Además, explicó que no se puede realizar un recuento de todos los votos a nivel nacional, puesto que no existe un sustento de parte de las organizaciones políticas, cómo lo establece la ley.
Se prevé que el recuento finalice pasadas las 20:00 y posterior a ello, los cinco consejeros del CNE se instalarán en sesión permanente de escrutinio para conocer los resultados oficiales finales y notificar a las organizaciones políticas que participaron en la contienda, para que ellos, en el caso de considerarlo necesario, presenten los recursos que la ley les permite.
«Esto no es un tema de amenazas o de caprichos, es un tema de legitimidad», finalizó el funcionario.
