Según datos del coordinador Nacional de la Red de Maestros, el Estado ha pagado 941 millones de dólares entre 2010 y 2016 en aseguramiento de bienes, lo que representa un promedio de 134 millones de dólares por año.
Por esta razón, Santacruz considera que el país debería contratar una “póliza nacional de primer riesgo absoluto” que requiere de una reforma a la Ley de Contraloría General del Estado. El artículo 6 de esta Ley dispone que los bienes a asegurarse sean los que dan réditos económicos al Estado, por lo que la reforma permitiría asegurar no solo los que representan ingresos para el Estado, sino todos en un póliza universal.
Para esto, proponen que se destine el 10 % del Presupuesto General del Estado (PGE) a una prima del 2,3 por 1 000, lo que le significaría, con el PGE actual 6,8 millones de dólares al año. Con estos cálculos, el ahorro del Estado sería de 127 millones de dólares anuales.
Esto en caso de que el monto de la pérdida se sujete al total asegurado, de superar ese monto sería el Estado el que cubra la brecha, según esta propuesta.
