Los integrantes de la Economía Popular y Solidaria afirman que no se han cristalizado los beneficios por pertenecer a este sector, su representante, Lucía Calderón, Pdta. De la Cámara de Economía Popular y Solidaria y vocera del Frente Nacional de Economía Social y Solidaria, aseguró que el sector no se ha beneficiado con lo que promulga la Ley en cuanto a esta temática. En este sentido, Calderón, fue enfática en señalar que quien dirija el Servicio de Contratación Pública, debe dar prioridad a estos sectores.
Por otro lado, para el Gobierno, se hubiesen ahorrado al menos 1.400 millones de dólares en procesos de contratación pública. Silvana Vallejo, directora del Servicio de Contratación Pública ratificó que entre 2013 y 2017 la mayoría de contratos con del Gobierno se hicieron por Régimen Especial y Contratación Directa. La funcionaria indicó, que será la Contraloría la encargada de detectar las posibles anomalías en estos procesos, que únicamente debieron llevarse a cabo en casos excepcionales, y que significaron un gasto de 18 mil millones de dólares.
Para Jorge Luis Ortega, abogado experto en contratación pública, modernizar el sistema de contratación es fundamental, y ve este paso como una para evitar el cometimiento de delitos. Ortega, felicita la iniciativa del Ejecutivo de restringir los procesos de Régimen Especial y Contratación Directa, al tiempo de señalar que mientras menos documentos físicos y contacto personal en las contrataciones, hay menos posibilidad de corrupción
