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La renuncia al asilo de Ecuador que firmó en diciembre pasado el fundador de WikiLeaks Julian Assange, no tuvo efecto porque el concederlo o retirarlo es una prerrogativa exclusiva que solo tienen los Estados.

Fotografía: EFE, aliado estratégico

Así lo aseguró hoy en una entrevista con Efe la asambleísta ecuatoriana Paola Vintimilla, quien ha denunciado serias irregularidades en el proceso de naturalización en diciembre pasado del activista y exige al presidente, Lenín Moreno, que le retire la nacionalidad y, si de ella dependiera, también el “asilo político”.

“El único que puede terminar la condición de asilo es el mismo Gobierno que la otorga”, dijo la asambleísta al exhibir una carta firmada por Assange el 4 de diciembre de 2018, poco antes de ser naturalizado ecuatoriano.

Con el jurista y exmagistrado español Baltasar Garzón de testigo y también firmante, en su misiva el activista deja expresa constancia y declara su decisión de dar por terminado el asilo político otorgado a su favor en 2012, y agradece al pueblo ecuatoriano la protección extendida y la naturalización.

La carta fue revelada a la asambleísta por el Ministerio de Exteriores, en el marco de una petición de fiscalización del proceso que condujo a la naturalización de Assange y a su fallido nombramiento como diplomático ecuatoriano.

Un proceso con el que la anterior canciller, María Fernanda Espinosa, hoy presidenta de la Asamblea General de la ONU, buscó acabar con el prolongado asilo del fundador de WikiLeaks, pero que se vio truncado cuando el Reino Unido se negó a reconocer su estatus diplomático.

Vintimilla afirma que el proceso estuvo repleto de irregularidades legales, que Espinosa tomó todo tipo de atajos políticos para tratar de resolver el tema y que hay una responsabilidad en la “vergüenza” que causó a Ecuador, que comparten -dice- tanto ella como Moreno.

“Por lo pronto, hay que retirarle la nacionalidad, debería ser inmediato. Si el presidente conocía estos documentos debe hacerlo ahora”, sentenció indignada.

Y califica de “gravísimo error” si el presidente “dejó a Espinosa al mando de esto sin consultarle a él, sin decirle que se le iba a dar la nacionalidad, que le estaba otorgando estatus diplomático, y sin decirle que ese estatus serviría para ir a Rusia”.

De los papeles que Vintimilla asegura haber recibido del Ministerio de Exteriores se desprende que, tras renunciar a su asilo y aceptar la naturalización, Espinosa trató de nombrar a Assange consejero en Londres y, unos días después, en Moscú.

Y se pregunta cómo es posible que alguien como Garzón, -exjuez de la Audiencia Nacional española que adquirió renombre internacional por la orden de detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet- “con toda la experiencia que tiene en derechos humanos”, se haya prestado a firmar una carta de renuncia que, desde un principio, no podía tener validez legal.

“Me parece bastante raro (..) cuando el tema del asilo político es irrenunciable”, afirma.

En el documento, de apenas una página y titulado “Declaración de libre consentimiento de finalización de asilo diplomático”, el activista, que ya no es requerido por la justicia sueca en relación a dos casos de violación, declara que no tiene ninguna deuda con la justicia.

Consultada por su estatus actual, Vintimilla subraya que parece natural que el asilo siga en vigor, por cuanto el Estado ecuatoriano nunca se lo ha retirado, y deriva la pregunta al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un ministerio que mientras era ocupado por Espinosa le negó, asegura, la posibilidad de acceder a información.

“En varias ocasiones se negó (Espinosa) a darme información incurriendo en un delito, que es la Ley de Transparencia”, insiste al recordar que tuvo “que esperar a que se cambie el canciller” para obtener una respuesta.

También la acusa de haber establecido “una norma específica para darle la ciudadanía a Assange”, creando “un protocolo donde dice que se le entregaría a cualquier extranjero que se encuentre en embajadas en el exterior, porque todos los argumentos jurídicos no le daba la potestad” para concedérsela.

Asegura que Espinosa “manipuló las leyes para un fin político” y que tiene la intención de desenmascarar las “irregularidades” del proceso de nacionalización de Assange.

Fuente: EFE