En NotiMundo Estelar, el asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas afirmó que el Contralor General del Estado, al presentar el examen especial del caso Pandora Papers, deslegitimó el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales y resaltó que no se cumplió con los tiempos que establece la ley.

Créditos: Twitter Comisión de Fiscalización

“La pregunta es por qué el contralor emitió el examen especial el 3 de diciembre y notificó el 7 de diciembre que era cuando la Asamblea estaba conociendo los informes de la Comisión de Garantías Constitucionales en el pleno”, destacó Vanegas.

Además, Vanegas mencionó que, al hacer esto, la Contraloría “deslegitima el informe de la Comisión porque cuando un juez dice que no hay nada que investigar y que todo está en orden, lo que estaba haciendo la Asamblea, y que tenía que llegar a la Contraloría, quedó sin efecto y ya no era necesario votar en el legislativo”, sostuvo.

El asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas también enfatizó en que el problema fue que el Contralor no podía emitir una respuesta antes de tiempo.

“Él tenía que darle a la facultad a la Asamblea de poder hacer llegar la información que se había recabado. La obligación del Carlos Riofrío es verificar si los documentos que le remitió el presidente, así como toda la información que pueda recabar de cualquier entidad nacional o extranjera, servían para determinar si había paraísos fiscales o no”, mencionó Vanegas.

Posible juicio político en contra de los vocales Consejo de la Judicatura

Sobre la solicitud de juicio político que Vanegas impulsará en contra de varios vocales del Consejo de la Judicatura, el asambleísta resaltó que se ha recabado información que dos reglamentos e instructivos para calificar a los jueces, eran inconstitucionales.

“Esto significa que los vocales de la Judicatura, cuando los adoptaron, fueron mas allá de lo que la constitución y la ley les permitía. Ellos incumplieron sus funciones y adecuaron sus conductas”, denunció.

Asimismo, recordó que la Corte Constitucional ordenó que “los jueces nacionales y conjueces que fueron indebida, arbitraria y abusivamente removidos  de sus cargos no van a poder regresar porque ya se ha designado a sus reemplazos, pero vana a tener que ser indemnizados por los daños causados”.

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