Jorge Zavala Egas, abogado de Roberto Isaías, en entrevista en Notimundo con Patricia Terán y Freddy Paredes, señaló que uno de los argumentos para que su defendido se declare como “perseguido político” es porque en 2008, el Gobierno Nacional declaró con un objetivo político la incautación de bienes del grupo Isaías ordenada por la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), entre ellos los canales de televisión, y no se siguieron los debidos procesos como lo dictaminó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Zavala Egas comentó, además, que el dictamen de la ONU señala que el proceso de incautaciones y el de la tutela judicial violaron el debido proceso y, por lo tanto, condena al Estado ecuatoriano a la reparación de los daños causados. “En el dictamen, emitido el pasado 30 de marzo, se resolvió que hubo violación de derechos, por lo que a partir del 4 de junio se fijaron 180 días de plazo para hacer efectiva la reparación”, dijo.
Asimismo, el jurista señaló que toda orden de reparación emitida por la ONU contempla cuatro alternativas: restitución de bienes, indemnización, compensaciones y satisfacciones públicas. “El pasado julio se entregó al Comité un informe sobre la posición del Gobierno tras el dictamen y a fines de este mes conocería el nombre del relator que vendrá al país para analizar el caso”, dijo Zavala Egas, quien acotó que la restitución patrimonial de los Isaías se deberá realizar de acuerdo con la situación anterior a la violación de los derechos. Es decir al 7 de julio de 2008.