La situación por la que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano tiene como principales responsables a los Presidentes de la República, del Consejo de la Judicatura, y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo denunció el consejero David Rosero, asegurando que se ocultó la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para la titularidad de la Judicatura, por más de 80 días.

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En Notimundo al Día, David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), expresó su preocupación ante las actuaciones del presidente del organismo, Hernán Ulloa, por considerar que se han dado muchas irregularidades desde el pasado 9 de febrero, cuando asumió en el cargo.

Rosero aseguró que los procesos de designación de autoridades que están a cargo del Cpccs no han sido manejados adecuadamente, lo que ha profundizado la crisis en la justicia ecuatoriana. Esto debido a que Ulloa ocultó la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, por más de 80 días, al resto de los consejeros.

Cuestionó que para algunos concursos «se ha puesto el acelerador», mientras que en otros procesos se ha escondido información y no se ha dado el trámite respectivo, por lo que considera necesario que la Asamblea Nacional fiscalice las actuaciones de Ulloa, por presuntamente haber incurrido en el incumplimiento de funciones.

«El responsable de la crisis en la Justicia es el Gobierno Nacional, quien impuso a Ulloa, de forma ilegal, en la presidencia del Cpccs», sentenció Rosero, al tiempo que extendió la responsabilidad de la situación que atraviesa el país a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). Esa entidad, según Rosero, ha metido la mano en la Justicia y han generado el conflicto actual al no cumplir con la Constitución, que establece que el CJ estará integrado por cinco representantes: de la Presidencia, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, y de la Corte Nacional de Justicia. Este último no ha sido designado, «por la irresponsabilidad de Ulloa».

Rosero señaló que no solo existe crisis, sino persecución y amedrentamiento para quienes cuestionan en derecho las decisiones «arbitrarias y autoritarias» del CJ. «Ulloa recibe órdenes de Carondelet, y él decide qué se trata en el Cpccs», sentenció. Por ello, hizo un llamado para que se exija desde la sociedad civil a la Asamblea Nacional, para que se fiscalice la labor del titular del organismo, así como de los vocales del CJ.

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