«No se puede sancionar a una persona dos veces por la misma falta», cuestionó Muñoz en el video, respecto de la sanción electoral que enfrentó en 2024, por haber hecho campaña a favor de Luisa González, en las elecciones anticipadas de 2023.
El alcalde subrayó que el pedido del ciudadano Néstor Marroquín «carece de base jurídica y huele a persecución y cálculo político electoral».
Además, Muñoz negó las acusaciones de un supuesto incumplimiento de funciones y aseguró que durante su administración se han destinado USD 1300 millones en inversión, «a pesar de que el Gobierno Nacional no ha entregado todos los recursos para la capital de la República y nos ha pagado en bonos».
«Hay algunos malos perdedores que quieren lograr con patrañas lo que no consiguen en las urnas», manifestó Muñoz.
Según Marroquín, el proceso no busca sancionar nuevamente a Muñoz por la infracción electoral por la que tuvo que pagar multa y ofrecer disculpas públicas, sino que el objetivo es que el alcalde deje el cargo. Explicó que, en caso de que el proceso prospere, le correspondería asumir funciones a la actual vicealcaldesa, Fernanda Racines.
«No podemos permitir que funcionarios públicos y, peor, las autoridades de elección popular, incumplan con lo que manda la ley», dijo Marroquín, precisó que las consecuencias de haber hecho proselitismo político por Luisa González no bastan con el pago de la multa, sino que es necesaria la destitución.
Recordó que ahora se debe esperar que se ejecutoríe la sentencia, el miércoles 19 de marzo, y posteriormente correrán los 15 días que tiene de plazo el Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar los formularios para la recolección de firmas. Posteriormente empezarán a correr los 6 meses de plazo para el efecto.
En caso de lograr alcanzar las 200.000 firmas necesarias, el CNE tendrá 60 días para convocar a una consulta popular, donde los quiteños deberán decidir en las urnas si apoyan o no la salida de Muñoz.
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