El Observatorio de Control Ciudadano (OCC) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, Yadira Saltos y Augusto Verduga, por el presunto delito de obstrucción a la justicia. En NotiMundo al Día, Mónica Jaramillo, presidenta del OCC, lamentó que desde ese organismo se busque llevar adelante una agenda que responde a los intereses del correísmo.

Los consejeros Augusto Verduga, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. Foto: CPCCS

Jaramillo cuestionó que de parte de los dos denunciados se esté buscando dilatar el desenlace del caso contra la denominada ‘Liga Azul’, que se trata en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el cual podría derivar en su destitución.

A través de recursos como la recusación a los jueces o acciones de queja, Verduga y Saltos estarían intentando dilatar intencionalmente la sustanciación de la causa, en la cual Jaramillo es una de las denunciantes, impidiendo que se conforme de forma definitiva del Pleno del TCE.

«Estas acciones, claramente, constituyen una interferencia ilegítima en la libertad de la actuación del juez sustanciador y de los jueces electorales», añadió.

La denuncia presentada en la Fiscalía pretende evitar precisamente temas como los ocurridos durante la sesión del pasado 22 de enero, donde se tomaron polémicas decisiones, como el cambio de la vicepresidenta del CPCCS, la devolución de la terna para presidir la Judicatura a la Corte Nacional de Justicia, y la designación de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos.

«Se han quitado la máscara; están respondiendo a intereses políticos, al prófugo Rafael Correa», criticó Jaramillo. Insistió, además, en que las actuaciones de los denunciados así como el resto de la ‘Liga Azul’ son ilegítimas, pues incumplieron con la Ley electoral, que prohíbe que los aspirantes al CPCCS sean respaldados por organizaciones políticas.

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