En un comunicado de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, suscrito este martes 5 de noviembre. Determina que, “el 31 de octubre, la secretaria Anticorrupción (e), Dora Ordóñez, entregó la información recabada a la Fiscalía General del Estado sobre la compra del negocio productivo y bienes muebles e inmuebles de la extinta cooperativa (de ahorros) Coopera, realizada por el Instituto de Economía popular y Solidaria (IEPS) y autorizada por la exministra de Estado, por USD 10,2 millones aproximadamente.
Esta adquisición posteriormente pasó a la Cooperativa Prograserviv, organismo de decreto privado creado para el efecto.
BOLETÍN @SecAnticorrup:
Secretaría Anticorrupción presenta denuncia contra exministra Doris S. dentro del #CasoCoopera#CeroImpunidadEC pic.twitter.com/9J5BiBB32N
— Dora Ordóñez Cueva (@DoraOrdonezC) November 5, 2019
La investigación penal debe esclarecer por qué la máxima autoridad del Ministerio aprobó al IEPS realizar esa transacción. Aparentemente, no existe base legal que sustente la acción.
La investigación se refiere a una compra efectuada después del cierre de Coopera, que en el 2013 afectó a 113,000 familias de cuentahorristas de Azuay y de Guayas, luego de que se hallaran movimientos económicos inusuales en la entidad financiera.
“Existió triangulación de fondos entre Venezuela y Ecuador a través de paraísos fiscales, depósitos ilícitos en 84 cuentas claves, empresas y exportaciones de papel, socios estrellas que recibieron beneficios al margen de la ley”, señaló en agosto del 2019 el entonces secretario Anticorrupción, Iván Granda, al analizar lo ocurrido con la extinta cooperativa de ahorros.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
