Ecuador vivió 18 días de una intensa jornada de movilizaciones en las calles y de paralización nacional, frente a la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno de Guillermo Lasso a los planteamientos del movimiento indígena. La lucha de los distintos sectores aglutinados en la protesta se vio polarizada por los numerosos actos de violencia y vandalismo, registrados durante las casi tres semanas que el país estuvo en huelga.

En Más Allá de los Hechos, Patricio Carrillo, ministro del Interior, reconoció la legitimidad de las causas del levantamiento popular, pero condenó la forma con que se desarrollaron las protestas, que dejaron seis personas fallecidas y decenas de heridos, tanto del lado de los manifestantes como de la fuerza pública. Por ello, defendió la actuación de la Policía y el Ejército ecuatoriano, que aseguró fue de reacción, ante la escalada de violencia que se vivió durante esos caóticos días.

Carrillo afirmó que la seguridad del Estado nunca estuvo comprometida, pues se mantuvo un control constante. De igual modo, indicó que se presentaron similitudes con las protestas de octubre de 2019, especialmente con el accionar de la denominada ‘guardia indígena’, que se ubica en la línea de frente durante las manifestaciones. «Si uno de los planteamientos era reforzar la seguridad, (la guardia) podría colaborar a que la convivencia sea mejor en esos espacios», acotó. Cuestionó el proceder de este grupo, pues dijo que se presenta cada vez de forma más preparada y armada, así como anónima.

Otro punto en común con la revuelta de hace 3 años fue la violencia y el vandalismo. Para el Ministro, organizaciones de izquierda asociadas al Guevarismo y Mariateguismo pretendieron destruir las instalaciones y documentación que reposaba en la Fiscalía General del Estado, como ocurrió en 2019 con el edificio de la Contraloría. No obstante, destacó que durante la jornada de este año no se registraron más de 70.000 manifestantes a nivel nacional, frente a los 150.000 que se registraron en el estallido anterior.

Además, explicó que la investigación que puso tras las rejas a miembros del Movimiento Guevarista «Patria y Libertad» inició en 2019, y gracias a la cooperación internacional, se determinó que este grupo hacía reclutamientos en comunidades indígenas para trasladar a los ciudadanos a zonas fronterizas para recibir formación paramilitar.

Respecto a las muertes en el contexto de las manifestaciones, Carrillo sostuvo que se espera transparencia en las investigaciones para que se actúe con justicia, y recordó que la Policía Nacional no utilizó armamento letal para contra los manifestantes. «La Policía no reprimió; lo que hizo fue repeler, es decir, mantener siempre la posibilidad de dispersar a la gente a través de lo que está autorizado, que son fumígenos. No se usaron armas de fuego», aseguró.

Frente a la posibilidad de la presencia de supuestos infiltrados, a quienes se responsabilizó por la violencia generada, Carrillo señaló que “sí hay indígenas radicales, delincuentes que se mezclan, como existen en todos los sectores, y lastimosamente siempre se ponen en primera línea y generan la violencia”.

Asimismo, informó que se han iniciado cerca de 360 investigaciones previas en Fiscalía para determinar responsabilidades de los hechos delictivos que se dieron, para que no se quiera establecer que era represión por parte del Estado al hacer las detenciones en flagrancia. Adelantó que ya se tiene identificados a los responsables de la muerte de un militar en Shushufindi, cuando fue atacado por comuneros. «Es una guardia indígena que supuestamente tutela derechos y garantías en las comunidades», alertó.

Señaló que se están investigando las fuentes de financiamiento de las movilizaciones, pues se requieren cerca de USD 75 mil diarios para la alimentación de más de 10.000 manifestantes que llegaron a Quito.

Por el contrario, Luis Córdova, investigador de Orden, Conflicto y Violencia, negó que los grupos de manifestantes sean una amenaza, sino que existe una comprensión poco acertada de las protestas, que por naturaleza son formas de acción colectiva que desafían el orden público y que no son exclusivas de Ecuador sino de muchos países del mundo. En este sentido, recordó que las movilizaciones de 2019 se desarrollaron en el que se consideró como el año de mayor malestar social en el mundo, desde 1985, según un estudio.

Por ello, considera importante no descontextualizar lo que sucede en el mundo con lo que ocurre en el territorio nacional. Frente a los eventos de este año, resaltó que se pudieron evitar, pues el movimiento indígena ya anticipó en noviembre de 2021 las movilizaciones ante la falta de respuestas del Gobierno. Esto demuestra, según el investigador, que el Ejecutivo «no tiene una inteligencia contextual para anticiparse a estos hechos».

Frente a los hechos de violencia suscitados, Córdova precisó que ese es el mecanismo de las protestas en todo el mundo, y citó el ejemplo de los reclamos de los ‘chalecos amarillos’ en Francia. «Lo que pasa es que hemos romantizado la protesta y no entendemos la naturaleza sociológica del fenómeno», acotó. En este sentido, señaló que la responsabilidad radica en el Gobierno Central, que debe procesar los conflictos a través de las instituciones políticas, y con ello evitar que se produzcan los estallidos sociales.

Para Manuela Gallegos, activista ciudadana y exsecretaria de Pueblos y Nacionalidades, defendió la legitimidad de las protestas, pero rechazó la violencia generada, la cual considera causa de una mayor pobreza en la sociedad, ante la paralización de negocios y servicios. Lamentó que Quito permanezca en indefensión ante estos hechos, primero en 2019 con el alcalde Jorge Yunda, y ahora con Santiago Guarderas.

Gallegos aseguró que el nivel de agresividad registrado en estas movilizaciones no se lo ha visto en la historia moderna de Ecuador, incluso en los mismos levantamientos indígenas. «Nada se soluciona con la destrucción; yo he sido una activista de calle y jamás he lanzado una piedra», apuntó. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a exigir respuestas frente a los vejámenes que sufrió la ciudadanía durante los días de paralización, para que las vulneraciones a la propiedad y libertar de la población no quede en la impunidad. “El indigenado pierde la legitimidad que tiene al permitir que se agreda a los ciudadanos, que bien podrían necesitar lo mismo que ellos”, puntualizó.

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