En Notimundo, Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, habló del compromiso de pago que estableció el Ministerio de Trabajo hace algunas semanas atrás para las personas que presenten su jubilación.

Sector Construcción

Miguel García, en Notimundo con Freddy Paredes y Patricia Terán, explicó que en 2010 se dictó la LOSEP en la cual se reconoce que tanto los funcionarios públicos como privados que cumplan con los requisitos de la Seguridad Social, pueden acceder a la jubilación del IESS. La norma se la aplicó desde 2011 con pagos de jubilaciones al contado.  Sin embargo, después unos años se pagaron las jubilaciones de profesores con bonos del Estado. “Hace algunos años el Gobierno ya empieza a poner trabas para los pagos de jubilaciones”, comentó García, quien dijo que ya se evidenciaba problemas de liquidez en el Gobierno.

Según el acuerdo ministerial 0100, las peticiones presentadas entre enero y abril serán consideradas en el mismo año, mientras que de mayo a diciembre, en el siguiente.

García dijo que el Gobierno no cumplió con todos los pedidos de jubilaciones sino que dio prioridad a las personas con enfermedades catastróficas o que ya tenían una edad avanzada.

En este 2016 se han presentado 22 794 solicitudes de jubilaciones por lo que el Ministerio de Trabajo se vio en la obligación de convocar a una reunión a los responsables de recursos humanos de los ministerios y entidades públicas en donde se presentó un compromiso de pago que establece que podrá realizarse hasta que el jubilado cumpla 70 años. Esto, dijo García, no consta en ninguna Ley.

La cancelación no sería ni con bonos ni con dinero, afirmó García sino que hay la posibilidad de que se la realice con acciones de empresas estatales.  Estas solicitudes ya fueron procesadas, a decir de García. Ess decir, los servidores públicos ya no están trabajando y a su vez se generaron las respectivas vacantes. Para Miguel García, esto fue un engaño, pues no demuestra que el Estado quiera hacer recortes en las contrataciones públicas. El valor que debería cancelar el Estado llega a 1 000 millones de dólares, según García.