El Tribunal Contencioso Electoral (TCE)emitió una nueva sentencia a favor del movimiento Justicia Social, que busca la inscripción como candidato presidencial, del empresario Álvaro Noboa.
El pleno de esta Magistratura aceptó la noche de este 15 de enero, un recurso contencioso electoral interpuesto por Jimmi Salazar Sánchez, director encargado del movimiento político, en el que solicitaba se anulen dos resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) con las que se negó la inscripción de sus candidatos a parlamentarios andinos, para las elecciones nacionales del 7 de febrero del 2021.
Justicia Social también solicitó a los jueces que «ordenen» al Consejo Electoral «declarar inválido» cualquier acto de inscripción que se haya efectuado entre el 16 de septiembre y el 3 de noviembre del 2020, porque habían perdido su personería jurídica. Y que se disponga que se les permita realizar procesos de «democracia interna para todas las dignidades».
El pleno no emitió una decisión sobre este punto al final de su fallo; sin embargo, hizo llamados de atención a los consejeros por no cumplir con sus sentencias -sobre todo- las relacionadas con Justicia Social.
En varios de los párrafos de la argumentación jurídica, reprochan al CNE que se les «insistió varias ocasiones que no está en su facultad decidir si cumple o no las sentencias; y en particular, lo dispuesto con relación al derecho a la participación politica del Movimiento Justicia Social».
Les recuerda a los consejeros que el fallo del 30 de octubre, en el que se emitieron medidas de reparación integral al grupo político, se les dispuso que adopten las medidas administrativas necesarias y pertinentes, a fin de que en «igualdad de condiciones que tuvieron las demás organizaciones políticas, Justicia social pueda realizar los actos de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas a todas las dignidades constantes en Ia Convocatoria a Elecciones Generales 2021«.
Los magistrados reconocen que la agrupación política realizó elecciones primarias el 20 de agosto del 2020 para escoger a los candidatos para parlamentarios andinos, pero debe darse un «nuevo proceso» de inscripción y calificación, porque el que fue presentado al CNE y que se pretende calificar «contraría disposiciones invocadas viciando de nulidad sus actuaciones administrativas por carencia de motivación absoluta de sus decisiones administrativas».
La resolución sobre esta causa ha provocado que el CNE no envíe al Instituto Geográfico Militar (IGM) la papeleta de parlamentarios andinos para su impresión.
El porcentaje de impresión es 0%, de acuerdo con el reporte del IGM, ya que no se puede empezar la tarea, sin que el TCE haya emitido una certificación en la que señale que no existen recursos contenciosos pendientes para que las candidaturas sean declaradas ‘en firme’ por el Consejo.
En ese sentido, los jueces advierten a los consejeros que «no caben las dilaciones» en el cumplimiento de sus sentencias.
Incluso, el presidente del TCE, Arturo Cabrera, escribió en su cuenta de Twitter que «las cargas» por los retrasos «deben ponerse en las espaldas del CNE».
Esto, después de que la presidenta del Consejo, Diana Atamaint infirió que mientras el Tribunal no resuelva los recursos pendientes sobre las candidaturas a parlamentarios andinos, no se podía enviar a imprimir.
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
