Martínez explicó que la semana pasada recibió una denuncia ciudadana, donde el Gerente de una compañía de transporte le habría exigido la suma de USD 2.000 para que el Departamento de Ingeniería de Tránsito apruebe la renovación para el servicio de operaciones comerciales.
Precisó que dentro de los requisitos para este proceso se establece una fórmula donde se debe contar con un número de estacionamientos equivalente a la cantidad de vehículos con los que cuenta la compañía y para esto sería el monto que se recaudaba.
«Pero no termina ahí», agregó, pues el afectado denunció que posteriormente le solicitaron USD 1.000 adicionales. A quien no pagaba, no le permitían matricular su vehículo.
Por ello adelantó que dentro de la política de cero tolerancia a la corrupción se estableció que para los 471 permisos de operación que están en marcha la tarifa no tendrá costo. Además, anunció que se ejecutarán operativos aleatorios para identificar que las operadoras cuenten con permisos obtenidos de forma legal y, a quienes no lo hayan hecho de esta forma, se les retirará la autorización.
Detalló que se ejecutan otras acciones para depurar la institución, como la reestructuración del departamento de Fiscalización, para que el personal a cargo esté rotando constantemente y así evitar nuevos casos de corrupción.
Estos cambios estratégicos buscan retomar la confianza ciudadana en la institución, que por varias ocasiones ha visto empañada su gestión por la presencia de malos elementos y sus irregulares prácticas.
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