Por segunda ocasión jueces de la Corte Nacional de Justicia que han actuado en el caso Sobornos 2012-2016 piden en sus resoluciones que la Fiscalía investigue otros delitos, pues de la información recabada las conductas penales irían más allá del cohecho pasivo agravado por el que se sentenció a 20 personas.
En la lectura del fallo, el presidente del Tribunal de Juzgamiento, Iván León, explicó que en la audiencia de juicio habrían aparecido datos relevantes que permiten presumir el cometimiento de otras infracciones como peculado, enriquecimiento ilícito público, enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos, testaferrismo o concusión, y ordenaba que se oficie a la Fiscalía todo lo actuado para que se inicien investigaciones.
Ya el 3 de enero pasado, durante la lectura del llamado a juicio de las 21 personas procesadas en el caso, se produjo el primer llamado para que Fiscalía tome en cuenta e investigue no solo otras conductas ilegales, sino también a otras personas naturales y personas jurídicas.
Quien lo hizo fue la jueza Daniella Camacho, quien en su resolución dejaba “constancia” de que los archivos verdes analizados en la causa refieren a más personas y empresas. Llamaba la atención a Fiscalía por no haberlas incluido en su acusación y decía que los hechos reflejaban una “conducta criminal grave y compleja”, de la cual el cohecho constituye una de sus dimensiones, pero no la agota.
La fiscal Diana Salazar indicó luego de la sentencia del martes último que del desarrollo de la instrucción fiscal y en la misma audiencia de juicio se llegó a establecer la existencia de otros delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y conductas relacionadas con lavado de activos, por las cuales ya habría iniciado investigaciones previas.
Al 13 de febrero eran seis los casos que estaban en investigación previa en Fiscalía. Cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos eran los delitos indagados. En cuanto al último, se explicó desde Fiscalía, se estaría estructurando el caso, “porque son grupos de personas investigadas”.
Para octubre pasado, Fiscalía ya había oficiado por investigaciones previas por cohecho a cinco personas y por tráfico de influencias a otras dos; mientras que desde el 4 de febrero pasado se abrió una investigación previa en la que están el expresidente Rafael Correa; el exministro de Transporte Aurelio Hidalgo; el empresario José Verdú y su compañía.
En este último caso no hay un delito en concreto, pero Fiscalía, con base en información que hace parte del expediente por el delito de cohecho pasivo agravado sentenciado, presume que existirían hechos ilegales.
El Tribunal de Juicio planteó que Fiscalía debería investigar la posible participación en esas conductas ilegales de los sentenciados Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís, Pamela Martínez, Viviana Bonilla y Christian Viteri.
También nombró a Doriz Soliz y Galo Mora, ex secretarios ejecutivos de Alianza PAIS; a Tomislav Topic, de Telconet; a José Santos, exdirector de Odebrecht en Ecuador; a Marcelo Herdoíza y a NexoGlobal, vinculada a Martínez.
Fuente: El Universo – Nota Original: aquí
