El artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa no fija un plazo para que el Ejecutivo pueda enviar un nuevo proyecto de Ley económico urgente, luego de que otro fuera archivado.
Los legisladores Pabel Muñoz (Revolución Ciudadana) y Raúl Tello (Unidos por Pastaza) pidieron que el Ejecutivo envíe un nuevo proyecto, con los temas urgentes y que sí tienen consensos, como la remisión de intereses de créditos educativos. Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión que tramitó la propuesta, mencionó que, tras procesar este pronunciamiento de la Asamblea, el Ejecutivo puede presentar de manera inmediata nuevamente las reformas, que considere son económicas urgentes.
Henry Cucalón (PSP) dijo que “ojalá” el Ejecutivo envíe inmediatamente una nueva propuesta. “Hagamos las cosas serias, también queremos construir país. Estamos a favor de las cosas positivas”.
El archivo de la ley, que pretendía recaudar USD 737 millones, se produjo una vez que los parlamentarios Vicente Almeyda (PSC) y Raúl Tello presentaran mociones para ese efecto. Tello señaló que el articulado inobservaba disposiciones constitucionales y no soluciona los problemas.
Previamente, los legisladores habían acordado aplicar un mecanismo ágil para tratar el proyecto en el hemiciclo, para evitar que la normativa se aprobara por el Ministerio de la Ley, pues el plazo para que eso ocurriera vencía ayer, 17 de noviembre, a la media noche.
El acuerdo consistía en leer la parte medular del informe para el segundo debate, que remitió la Comisión de Régimen Económico. Además, se decidió que solo dos ponentes de cada fuerza política interviniesen en el Pleno.
El parlamentario oficialista Daniel Mendoza, ponente del proyecto y presidente de la Comisión que trató el texto, refirió que la Ley de Crecimiento Económico tenía cosas positivas. Argumentó que el documento original enviado por el Ejecutivo fue ajustado. La propuesta elaborada por la Comisión contenía 185 artículos y 40 disposiciones.
Esto es menos de la mitad de lo que incluía el texto original presentado por el Ejecutivo, el pasado 18 de octubre, que tenía 404 artículos y 38 disposiciones. Además, la Comisión depuró 19 artículos. En el texto se mantenía el capítulo sobre el Código Monetario, pero con cambios.
También, la contribución temporal para empresas con ventas anuales superiores a USD 1 millón, el alza de tarifas del impuesto a los consumos especiales (ICE) para la cerveza industrial, bebidas no alcohólicas, gaseosas y no gaseosas, energizantes con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro de bebida.
Otro de los artículos que se mantenían era el de la remisión de intereses de los créditos educativos que están en mora y de créditos otorgados a los damnificados del terremoto del 16 de abril del 2016.
Luego de esta exposición, Gabriela Larreátegui (asambleísta por SUMA), expresó que el tratamiento de esta normativa fue “lamentable”.
Larreátegui cuestionó que en el informe para segundo debate se incluyeran artículos que no fueron debatidos, como el ICE para bebidas con edulcorantes artificiales o reducción de la tarifa para cigarrillos de USD 0,16 a 0,09. “Qué mano mágica los habrá incluido”.
Fuente: El Comercio, nota original: LINK
