El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conformó la comisión ocasional que tramitará el proyecto de enmienda constitucional, que busca limitar las facultades nominadoras de las autoridades de control que tiene ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Wilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática y presidenta del mencionado órgano legislativo dijo que hay que legislar para el futuro y en ese sentido, anunció que la propuesta de enmienda incluye la conformación de una comisión conformada por los tres poderes del Estado y de la academia que será la encargada de evaluar a los postulantes que aspiren a dirigir los órganos de control.
Andrade dijo que esta alternativa tiene el aval de la Corte Constitucional porque promueve la participación y mejora los mecanismos de evaluación.
“No podemos volver al pasado y dejar en manos de la Asamblea Nacional la designación de las autoridades de control porque no es posible que los nombramientos de estos cargos caigan en manos de los políticos de turno y los nombramientos se hagan a dedo”, dijo Wilma Andrade.
.@Wilmandrade: “No deberíamos tener recelo de que participe la Academia; porque ellos no van a decidir, sino a evaluar”.#EnmiendasCPCCS #NotiMundoEstelar
— NotiMundo (@notimundoec) October 25, 2019
Héctor Muñoz, asambleísta por el Movimiento Suma 23 y vicepresidente de la comisión legislativa ocasional para enmendar la Constitución difiere de la posición de Andrade porque considera que la academia al participar en la evaluación de los aspirantes a los órganos de control se politizaría.
.@hmunozalarcon: “El momento en que se utiliza la Academia para lo político, me parece nefasto”.#EnmiendasCPCCS #NotiMundoEstelar pic.twitter.com/MmXnppuTB4
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Además, para Muñoz la propuesta de Andrade no solo debería quedarse en una enmienda constitucional, sino que adicionalmente, requiere de una reforma a la Ley de la Función Legislativa que norme las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a futuro.
En lo que sí coincidieron ambos legisladores es en reconocer que la creación del organismo de participación ciudadana fue nefasta para la democracia ecuatoriana porque respondió a los intereses del correísmo que mediante la concentración de poder nombraron a las autoridades de control que les permitió la conformación de una red organizada de corrupción en Ecuador.
También los asambleístas señalaron que el tratamiento de la enmienda constitucional en nada entorpece la recolección de firmas para una consulta popular que busca la eliminación del consejo que promueve el Comité por la Institucionalización Democrática, liderado por Pablo Dávila.
“Si la consulta popular se lleva a cabo y el pueblo se pronuncia sobre la eliminación del organismo, el poder legislativo tendrá que acogerse a la voluntad popular expresada en las urnas”, dijeron los legisladores.
Finalmente, para Muñoz, el mejor camino para la eliminación del organismo es la reforma parcial de la Constitución mediante el referéndum aprobatorio.
“Si el organismo fue creado por votación popular, de la misma manera debería ser eliminado”, dijo Muñoz.
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