La ausencia de los legisladores de las bancadas Unión por la Esperanza, Partido Social Cristiano y gran parte de la Izquierda Democrática impidió que la Asamblea Nacional se reúna este 18 de diciembre para tramitar las reformas relacionadas con seguridad que buscaban endurecer las penas a la extorsión que se manifiesta a través de las llamadas “vacunas”.
A la sesión convocada por el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, a las 13:50, solo acudieron 47 asambleístas, en su mayoría del oficialismo, independientes, un sector de la Izquierda Democrática y Pachakutik, por lo que la agenda de cuatro puntos quedará para cuando los legisladores retornen de un periodo de vacaciones que comienza este 19 de diciembre y que durará hasta el 3 de enero de 2023, cuando deberán acudir a sus labores.
Respecto al proyecto sobre seguridad, las reformas buscan endurecer penas, elevan a categoría de delito la extorsión y tipifican como conducta agravada las llamadas “vacunas”. Tras los resultados obtenidos este domingo, 18 de diciembre, el proyecto se deberá conocer en el pleno en enero de 2023.
Para las 20:30 de este domingo, 18 de diciembre, está convocado el pleno a fin de instalar una sesión virtual para posesionar a Roberto José Romero von Buchwald como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos; pero los bloques del PSC, UNES y sus aliados de la ID y Pachakutik adelantaron que tampoco se conectarán.
Dentro de la acción de protección que favoreció a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y declaró nulo el juicio político que los censuró y destituyó, el juez de La Concordia Ángel Lindao dispuso a la Asamblea Nacional que posesione en un plazo de 48 horas a Roberto Romero como titular de la Superintendencia de Bancos. La medida se dispone antes de que el Parlamento inicie su periodo de vacancia legislativa.
El 16 de diciembre, el juez de la Unidad Judicial de La Concordia notificó a las partes procesales, entre ellas a la Asamblea Nacional, su decisión en la acción de protección que presentó el ciudadano Manuel Párraga en contra de la resolución del 18 de noviembre, con la que se censuró y destituyó a Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo mediante un juicio político. Como medidas también dispuso que la Asamblea pida disculpas públicas, coloque una placa y posesione al superintendente de Bancos. De estas tres cosas, solo la primera ha cumplido, por el momento.
El coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, lamentó que los asambleístas de UNES y PSC no hayan asistido a instalar la sesión para aprobar un proyecto de ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad.
“¿Dónde está el nivel de los legisladores que tienen que darle la cara al país en materia de seguridad?”, preguntó Flores, quien describió que se toparon con curules vacías de legisladores que demuestran que no hay compromiso para abordar los temas que son importantes para los ecuatorianos.
De su lado, los asambleístas de UNES y PSC que integran la mayoría legislativa emitieron un comunicado, que también suscriben los legisladores Yeseña Guamaní, Marlon Cadena, Wilma Andrade, Daniel Onofa y Ramiro Frías, de la ID, así como Mireya Pazmiño, Peter Calo y Ángel Maita, del sector denominado Rebelde de Pachakutik, en el que advierten de una ruptura del Estado de derecho en el país cuando se pretende obligar a posesionar al superintendente de Bancos designado por el Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, según este grupo de asambleístas, fue censurado y destituido por su cargo.
En el comunicado, ese sector de políticos, al referirse a la convocatoria nocturna del pleno de este 18 de diciembre, advierte que no legitimarán con su presencia en el pleno la intromisión de un juez desacreditado en la primera función del Estado.
“Rechazamos y advertimos al país el ridículo abuso de derecho con el cual se pretende utilizar la justicia para beneficiar a un ciudadano designado como superintendente de Bancos en un proceso que carece de eficacia jurídica”, incluye el comunicado.
Este sector de asambleístas anuncia, en su comunicado, que impulsarán todas las acciones necesarias contra “el flagrante abuso del juez”; que, si es necesario, apelarán a las instancias internacionales para evitar el despropósito judicial.
Lamentan que se pretenda utilizar un proyecto de seguridad que debía debatirse este domingo, 18 de diciembre, para obligarlos “a asumir la arbitrariedad cometida”.
El legislador Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutik, advirtió que para la sesión convocada para las 20:30 los asambleístas deberían tener cuidado, porque un juez constitucional de La Concordia dio un plazo de 48 horas para que la Asamblea tome posesión del nuevo superintendente de Bancos electo por el CPCCS; y, de no hacerlo, pueden caer en desacato y puede haber consecuencias que podrían llevar hasta la destitución de asambleístas, porque se está incumpliendo una disposición de autoridad competente.
Quienes no acudan a la sesión 833 convocada para este 18 de diciembre podrían incluso ser destituidos del cargo.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
