En la lista se encuentran proyectos presentados en periodos anteriores, por ejemplo, hace seis años, la exasambleísta Rosana Alvarado (Alianza PAIS) presentó el 30 de junio de 2015 en la presidencia de Gabriela Rivadeneira un proyecto para reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, donde proponía excluir de la pensión vitalicia a los expresidentes de la República que enfrenten procesos judiciales; para quienes hayan sido destituidos; para quienes abandonaron el cargo; a quienes se les impuso la declaratoria de incapacidad física o mental a través de la Asamblea Nacional; para los gobiernos de facto o de las sucesiones; y, para aquellos a quienes se les haya revocado el mandato.
La comisión de Derechos de los Trabajadores presidida por Marllely Vásconez (AP), recomendó el archivo el 14 de octubre de 2015, señalando que la propuesta no propende a fortalecer derechos, pues los mismos están plenamente garantizados tanto en la Carta Constitucional, como en las leyes y resoluciones que regulan la materia. Desde esa fecha ese informe no ha sido incorporado en el orden del día del pleno para su resolución.
También la exasambleísta de Alianza PAIS Marisol Peñafiel, del periodo 2013-2017, planteó el 8 de marzo de 2016 la creación de una Ley Orgánica para la participación equitativa de mujeres y hombres en posiciones de liderazgo en el sector público y privado.
Tres meses después, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores presidida por Vásconez emitió un informe recomendando su archivo, señalando que si bien la propuesta tiene una intención loable al tratar de superar la desigualdad de la mujer en el trabajo, establece medidas de acción afirmativa que no son viables y no solucionan la situación discriminatoria que pretende atender.
Igualmente, el exlegislador Antonio Posso, del movimiento Avanza, presentó en junio de 2015 un proyecto para reformar el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, que buscaba regular los días de descanso obligatorio reformar el Código del Trabajo. Se recomendó el archivo y el informe espera su trámite en el pleno.
Del anterior periodo, el 13 de diciembre de 2017, el exasambleísta Roberto Gómez (CREO) presentó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica para la justicia laboral reconocimiento del trabajo en el hogar. Un año más tarde, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores presidida por la legisladora Liliana Durán (RC) presentó el informe recomendando el archivo en vista de que en marzo de 2018 la Corte Constitucional emitió una sentencia por inconstitucional el artículo 15 de la Ley que pretendía reformar Gómez, por lo tanto, el texto no se encontraba vigente. El informe para conocimiento del pleno, recomendando el archivo, ha permanecido cuatro años en la presidencia de la legislatura.
En la lista de estos casos existen al menos unos 170 proyectos con informe de archivo, y esta cantidad de proyectos dificulta el trámite de nuevas iniciativas que se presenten durante el nuevo periodo legislativo, advierte el coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores.
Considera que falta voluntad política para convocar a sesiones del pleno de la Asamblea para que de una vez estos proyectos sean archivados. Se necesita “ir vaciando eso”, sostiene Flores, pues afirma que si no lo hacen sería inoperante la actual Asamblea y se necesitaría casi dos años para poder tramitar 400 proyectos de Ley; y además, se necesita avanzar para que al menos unos cien proyectos que están pendientes de calificar en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sean calificados y al mismo tiempo seguir avanzando en las comisiones.
Lo que se está haciendo, describe el representante oficialista, es definir una dinámica con un compromiso político de las cinco bancadas legislativas de que se necesita una depuración de temas; y si se tiene que sesionar de lunes a viernes, se tiene que hacerlo.
Para esta semana, según los anuncios de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, se esperan conocer los detalles de la agenda de los cien días de la legislatura, que tras una resolución del CAL, se determinó que tendría cinco ejes estratégicos: atención a la pandemia por COVID-19; reactivación económica y empleo; derechos de las mujeres, de pueblos y nacionalidades; protección de la naturaleza; y, educación.
Nota Original: El Universo – LINK
