En Notimundo al Día, Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, mostró su descontento con el documento recibido, asegurando que este panorama no se ha vivido nunca en la historia del Ecuador, donde un mandatario imponga sus propias convicciones en un tema tan delicado como la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Asimismo, criticó que «esta no es una objeción parcial, sino que parece total», debido a que de los 63 articulados que contiene el proyecto, 61 han sido observados por Lasso.
Entre los cambios sugeridos por el Primer Mandatario, por ejemplo, se establece que el aborto en casos de violación se lo podrá hacer si se cumple con uno de los siguientes requisitos: presentación de una denuncia por parte de la víctima u otra persona que conozca del hecho; una declaración juramentada de la víctima, en casos de menores de edad, que pueda ser representada legalmente por un cuidador; y un examen de salud por parte del médico o legista, donde bajo juramento se ratifique que la víctima presenta indicios de abuso sexual.
Jaramillo explicó que este texto no cumple con la sentencia establecida por la Corte Constitucional, que fijaba el plazo para la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación con excepción en las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad e interculturalidad, para quienes el plazo se amplía hasta las 18 semanas. Ahora el Presidente pidió unificar los plazos para todos los casos hasta las 12 semanas.
@JaramilloG_A: “Buscaremos los 92 votos para ratificarnos en el texto original. Puede existir la posibilidad de que la @JusticiaAN elabore un informe para que la @CorteConstEcu se pronuncie al respecto”.
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— NotiMundo (@notimundoec) March 21, 2022
Para el asambleísta, requisitos como la presentación de una declaración juramentada por parte de una niña, significa una revictimización en el caso. «Hay que decir al presidente de la República que vaya a conocer las zonas rurales, para que vea que se viven realidades distintas a las de las ciudades», expresó Jaramillo y añadió que «no se puede colegislar desde un escritorio».
Por ello, Jaramillo anunció que buscarán ratificarse en el texto original del proyecto y conseguir los 92 votos necesarios para su aprobación. De igual forma, hay la posibilidad de la presentación de una acción de incumplimiento, «que algunas activistas la presentarán en la Corte Constitucional». Finalmente, se evalúa la elaboración de un informe por parte de la Comisión de Justicia para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema.
Desde las 15:00 de este lunes 21 de marzo, continuará el análisis del veto, con intervenciones de médicos y representantes del sector de la Salud.
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